El Govern quiere implicar a todos los ciudadanos y a las policías
locales en la lucha contra la siniestralidad laboral. Con este fin
se amplió el pasado mes de septiembre el ámbito competencial del
Servicio de Emergencias 112 de forma que ahora atiende y tramita
todas las llamadas que pueda recibir de denuncias procedentes de
ciudadanos y las policías locales correspondientes a situaciones en
las que la salud del trabajador se pueda ver en peligro, tanto de
riesgos de accidentes como de enfermedades profesionales.
Carme Font, médico especialista en medicina familiar y
comunitaria, directora del Institut de Salut Laboral de la
Conselleria de Treball i Formació del Govern, explica que desde que
se puso en marcha el convenio de colaboración con el Servicio de
Emergencias 112, el número de llamadas de ciudadanos denunciando
situaciones de riesgo prácticamente se ha triplicado. «En sólo tres
meses (de septiembre a noviembre de 2001), el Servicio de
Emergencias 112 ha atendido un total de 182 llamadas de ciudadanos
y policías locales», explica Carme Font.
«Técnicos de guardia analizan las llamadas recibidas y se
trabaja, primero en las que puedan ser calificidas de urgentes,
para ir analizando las denuncias por orden de prioridades», explica
la directora del Institut de Salut Laboral. El sistema funciona
desde que un ciudadano llama al 112 para denunciar riegos de
accidentes laborales. El operario le pide una serie de datos, desde
la situación que denuncia, como el lugar donde se produce y le hace
una serie de preguntas sobre el riesgo, tales como si es grave o
inminente, si considera necesaria hacerse la visita inmediata al
lugar o, en caso contrario, si hay un margen de tiempo.
En función de los datos aportados por los ciudadanos, que no es
preciso que se identifique, lo que abre la puerta a que el mismo
trabajador pueda denunciar la situación de riesgo, el 112 lo
califica y moviliza el personal que considera necesario para cada
caso denunciado. A partir de ahí, y llegado el caso, se abre un
expediente que puede acabar en una sanción, o el cierre del centro
hasta que se resuelvan las deficiencias detectadas después de que
se haya investigado la denuncia ciudadana.
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