Los alcaldes de los municipios de es Raiguer temen un aumento de la
presión urbanística causada por la exclusión de sus municipios de
la moratoria aprobada por el Consell Insular. El alcalde de Inca,
Pere Rotger, afirmó que su ciudad quede excluida de la norma
cautelar puede suponer un aumento de la presión urbanística que ya
se está notando.
Santa Maria también forma parte de los 27 municipios excluidos
de la norma. La alcaldesa, Rosa Vich (PSM), se mostró preocupada
porque su municipio está rodeado de términos con restricciones y
los constructores podrían poner sus ojos en Santa Maria. De la
misma manera se pronuncia, el batle de Consell, Joan Bibiloni (PP):
«El crecimiento puede ser enorme si Consell se considera zona
periférica de Palma».
En cambio, los pueblos del Pla como Lloret, Sineu o Maria de la
Salut, no creen que la exclusión pueda suponer una mayor presión.
El alcalde de Lloret, Joan Jaume (PP), comentó que la norma
cautelar no afectará al municipio ya que no existe una gran presión
urbanística. En la comarca de Llevant, los alcaldes valoran
positivamente la nueva moratoria y opinan que este hecho no
provocará un aumento abusivo de la presión urbanística en el
interior.
En los pueblos donde están vigentes unas normas subsidiarias
municipales restrictivas, ya se asegura que el crecimiento de los
cascos urbanos no será desmedido porque al no poder construir
grandes bloques de viviendas, las promotoras buscarán otras vías de
inversión, apuntan los alcaldes.
En los casos de municipios que han crecido poco donde los
precios para comprar una casa antigua o restaurarla son muy
elevados, los primeros ediles verían con buenos ojos la
construcción de viviendas plurifamiliares para evitar el éxodo de
la población joven. En Calvià, lamentan que la nueva normativa del
Consell no ponga un freno más firme a la construcción de viviendas
unifamiliares, que es la auténtica plaga.
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