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JUAN MIGUEL LÓPEZ El Colegio de Ingenieros de Minas del Nordeste de Balears y el Colegio de Ingeniería Técnica de Minas de Balears denunciaron ayer la «ilegalidad» del Plan Hidrológico de las Islas, al que calificaron como «un fantasma que no existe», ya que «no ha sido publicado en su texto íntegro en boletín oficial alguno hasta la fecha de hoy». La Conselleria de Medi Ambient «está aplicando actualmente una propuesta de plan», afirmaron.

A través del decano del Colegio de Ingenieros superiores, Jaime Fernández, y del representante del Colegio de Ingenieros técnicos, Jesús Martínez, ambos organismos denunciaron además que una «instrucción de carácter interno del Director General de Recursos Hídricos paraliza la tramitación de expedientes y concesiones de aguas subterráneas», lo que supone una suspensión efectiva de un derecho de los ciudadanos que no pueden llevar a cabo ningún procedimiento administrativo en contra de dicha medida.

Asimismo, los colegios de Ingenieros señalan que esta instrucción además de ser de una «ilegalidad manifiesta» también perjudica a los ciudadanos de las Islas, ya que «tiene consecuencias económicas y sociales negativas que superan con creces a unos supuestos beneficios». Unas pérdidas que calculan entre 24 y 30 millones de euros (unos 4.000 ó 5.000 millones de pesetas). Los responsables de ambas instituciones aseguran que en estos momentos no pueden proseguir con su trabajo, debido a esta paralización, al igual que le ocurre a multitud de ciudadanos de las Islas que desean obtener un pozo.

Para los dos colegios, el problema de raiz en esta medida se encuentra en la falta de previsión de la Conselleria de Medi Ambient que ha visto como la extracción de agua en los últimos años ha sido superior a la debida, lo que ha provocado la desaparición de multitud de acuíferos. Por ello, según señalan ambos organismos, ha optado por paralizar todas las tramitaciones en aplicación de un Plan Hidrológico que «en estos momentos no existe». Ambos colegios profesionales afirmaron que han solicitado a la Conselleria de Medi Ambient y al Ministerio de Medio Ambiente «la inmediata suspensión de la aplicación del PHIB» y han denunciado tal situación ante el president del Govern balear, la presidenta del Consell Insular de Mallorca y los diferentes grupos parlamentarios, «sin obtener respuesta de ninguno de ellos».