El portavoz del PSM-EN en Cort, Gabriel Barceló, indicó ayer que su
grupo ha presentado dos proposiciones, una en la Gerència
d'Urbanisme y otra en la Comissió Especial de Comptes i Economia,
instando a que el Consistorio paralice las obras de la nueva
depuradora prevista en Sant Jordi, «ya que no cumple con la
normativa urbanística vigente». Barceló señaló que el proyecto de
construcción de la nueva depuradora, denominado «Proyecto de
ampliación de la EDAR número 1», prevé cortar el camino de Son
Oliver, «que es de uso público», que enlaza la carretera de
Llucmajor con Sant Jordi.
«Por otra parte, el proyecto presentado por el Ministerio de
Medio Ambiente prevé la construcción de una instalación de 70.000
metros cuadrados, de los cuales sólo 19.000 están contemplados en
el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) como sistema general de
infraestructuras», destacó Barceló, para añadir: «Las obras han
empezado en los terrenos calificados como suelo rústico,
contraviniendo el plan general sin que conste que se haya concedido
el preceptivo 'interés general' o se haya modificado el
planteamiento municipal».
Barceló indicó también que en las obras no consta ningún cartel
de obras, «medida de obligado cumplimiento». Los trabajos
preparatorios, de limpieza del solar, se han iniciado este mes de
febrero. «Por todo ello, instamos al Ajuntament de Palma a que pare
de manera inmediata las obras en tanto que contravienen el PGOU y
asimismo le instamos a que garantice el actual trazado y uso
público del camino de Son Oliver», concluyó.
Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Sant Jordi i
s'Aranjassa en defensa del Prat, Josep Lendínez, señaló que la
plataforma considera ilegal el inicio de las obras «a escasos
quinientos metros» de la población de Sant Jordi i s'Aranjassa y
señaló que, en este sentido, el Tribunal Superior de Justícia del
País Valencià ha declarado ilegal, en sentencia de 15 de enero, el
proyecto y la ejecución de la depuradora de San Fulgencio, en
Alacant. «La sentencia constata que la depuradora se encuentra a
menos de cuatrocientos metros del núcleo urbano, frente a los dos
kilómetros que exige la ley, circunstancia que en principio obliga
a su demolición», resumió.
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