El juez archiva el caso Bitel ante la falta de pruebas

Rafael Perera, abogado de la defensa ha manifestado que no le había sorprendido la decisión del juez de archivar el caso, porque «era lo único que podía hacer», ya que todas las declaraciones realizadas hasta ahora y todas las pruebas practicadas «han desembocado en la falta de elementos probatorios que motivaron la acusación». El letrado señaló que, en este auto, el juez «no solamente dice que no hay indicios de espionaje, sino que rechaza totalmente la imputación del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, algo que era totalmente inoportuno y fuera de lugar», pese a que había sido solicitada por la Junta de Fiscales de Baleares.

Por su parte, el abogado de la acusación particular, el diputado autonómico socialista Antonio Diéguez, anunció que recurrirá el auto judicial ante la Audiencia Provincial porque «es un poco chapuza, ya que el juez ni ha esperado al informe del fiscal». Diéguez, que representa a Francesc Quetglas, expresó su sorpresa porque «es la primera vez que se pide un informe a un fiscal y el juez ni espera a que lo entregue, lo que jurídicamente me llama mucho la atención». Lo que sí «está contrastado es que hubo pinchazo, aunque para el juez no hay indicios referidos a que Matas o alguno de los imputados se quisieran aprovechar de ello», agregó. «No podemos entender que un pinchazo se mantenga durante tanto tiempo sin intencionalidad, aunque los argumentos concretos ya los explicaremos en el recurso que presentaremos», manifestó Diéguez.

El letrado añadió que «es como si tú oyes las conversaciones telefónicas de tu vecino durante dos años y además las tienes grabadas, pero dices que no sabes cómo las cintas han llegado a ti». Si este caso se archiva, el delito de espionaje «se puede retirar del Código Penal», opinó Diéguez, quien insistió en que el auto da por probado que Presidencia del Govern recibió los mensajes desde el Consell de Mallorca, aunque «según el juez no se aprovecharon de ellos».

El 6 de febrero, la Junta de Fiscales de Baleares acordó por unanimidad solicitar la imputación en este caso del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y ese mismo día envió un escrito con esta petición al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

Las investigaciones sobre este caso se iniciaron a raíz de una denuncia presentada en el 2000 por el «Pacto de Progreso» que gobierna en la actualidad en Baleares y que acusa a Matas de espiar supuestamente, a través de su entonces secretario, Sebastiá Vallori, el correo electrónico del ex presidente de la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca, Francecs Quetglas, entre 1998 y 1999.

En el juzgado de instrucción número 9 de Palma declaró como imputado Sebastiá Vallori, desde cuyo ordenador supuestamente se espió el correo de Quetglas, actual conseller de Obras Públicas del Govern balear. En sus declaraciones judiciales, Sebastiá Vallori negó que espiase el correo electrónico de Quetglas y aseguró que borró dos mensajes de correo reenviados desde la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca «sin llegar a abrirlos porque no iban destinados al Govern».

El pasado mes de diciembre, la acusación particular solicitó al juez que instruye la causa que se inhiba en favor del Tribunal Supremo para que Matas pueda declarar como imputado. La acusación sostiene que cuando Matas presidía el Govern balear exhibió en el Parlamento un documento interno de la Comisión de Urbanismo de Mallorca, que dirigía Quetglas, que se ha comprobado que llegó irregularmente a una dirección de correo electrónico que gestionaba Vallori.