Una simple discusión sobre rotondas acabó ayer con abucheos e
insultos en el Parlament. Aparentemente, la pregunta del portavoz
del PP, José María González Ortea, sólo pretendía poner en
evidencia la política de carreteras del Govern a propósito de la
propuesta de la consellera «verde» de construir una rotonda cada
tres kilómetros. «¿No sabe nada de las rotondas cada tres
kilómetros?», preguntó González Ortea al conseller d'Obres
Públiques, Francesc Quetglas, quien se limitó a contestar que él no
tenía ninguna constancia oficial de la propuesta de la Conselleria
de Medi Ambient. «¿Está en un documento y no se entera? Usted no
sabe nada; menos ruedas de prensa y haga los deberes», increpó el
portavoz del PP al titular d'Obres Públiques. «No digo que no sepa
nada. Lo que le he dicho es que no hay ninguna previsión», subrayó
Quetglas.
González Ortea calificó de «inteligente no defender tonterías» y
recordó que hasta el Consell Insular de Mallorca, que ahora tiene
las competencias en carreteras, «ha puesto el grito en el cielo».
«No podemos obligar a los consells a construir rotondas», asumió
Quetglas. En su última intervención, González Ortea aumentó el tono
de sus críticas. «Desde aquí quiero pedir la dimisión del director
general de Movilidad "Salvador Miralles" por plantear tonterías. O
se va él o dimite el conseller», pidió el portavoz del PP entre los
aplausos de sus diputados.
Sin embargo, Quetglas optó por utilizar su último turno de la
respuesta "una vez que González Ortea ya no podía replicar" para
cuestionar la actitud del grupo de la oposición. «Aquí tengo un
informe de Gabriel Le Senne "ex director general d'Obres Públiques
con el Govern del PP" en el que defendía las rotondas. Le Senne
aseguraba que este tipo de infraestructuras viarias ofrecen un buen
resultado porque disminuían el número de accidentes y la gravedad
de los mismos. Cuando el señor González Ortea estaba en el Govern
las rotondas eran buenas, pero ahora el PP las ridiculiza», atacó
el conseller d'Obres Públiques, quien fue duramente increpado por
los diputados de la oposición. «Cobarde, cobarde», vociferaron los
parlamentarios del PP contra Quetglas por plantear un nuevo debate
cuando González Ortea ya no tenía ninguna posibilidad de contestar.
Mientras los diputados del PP reprochaban la actitud del conseller
d'Obres Públiques, Quetglas sonreía desde su escaño.
Otra discusión entre el diputado del PP Joan Huguet y el
conseller de Treball, Eberhard Grosske, volvió a calentar los
ánimos de la Cámara balear. Huguet preguntó a Grosske por el uso de
unas instalaciones públicas "Calanova" para celebrar un acto de
Esquerra Unida. Además, el diputado popular preguntó a Grosske si
creía adecuado acudir a una reunión de partido en coche oficial.
«Calanova tiene un régimen de uso público y no hay ningún
problema», contestó Grosske. Huguet recordó que cuando el actual
conseller de Treball estaba en la oposición criticaba el «uso
partidista y perverso» de los bienes públicos. «Era razonable
utilizar el coche oficial porque tenía que pararme en el Consolat
de Mar. En cambio, usted viajaba a Madrid para temas del PP con
dinero público», atacó Grosske a Huguet. El diputado del PP retomó
la palabra para recordar que las acusaciones de EU fueron
archivadas por los jueces. «Tuvo que devolver el dinero del
alquiler de un coche que utilizó para pasar sus vacaciones», añadió
Grosske.
El Pacte defenderá en el Congreso el uso del catalán en
los euros
El Parlament balear aprobó ayer, con los votos favorables del Pacte
y la oposición del PP, una proposición no de ley por la que se pide
que en las monedas de euro se escriba el nombre de «España» en
todas las lenguas oficiales del Estado. Esta iniciativa
parlamentaria presentada y defendida por el PSM deberá ser
tramitada en el Congreso de los Diputados para su debate y
votación. Entre otros puntos de esta proposición no de ley, se pide
que con ocasión de la emisión y la puesta en circulación de monedas
conmemorativas por parte de la Fábrica Nacional de la Moneda y
Timbre, las leyendas se expresen en todas las lenguas oficiales del
Estado. También se requiere que toda la publicidad institucional
sobre la emisión en euros se realice en castellano, catalán,
gallego y vasco.
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