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Una simple discusión sobre rotondas acabó ayer con abucheos e insultos en el Parlament. Aparentemente, la pregunta del portavoz del PP, José María González Ortea, sólo pretendía poner en evidencia la política de carreteras del Govern a propósito de la propuesta de la consellera «verde» de construir una rotonda cada tres kilómetros. «¿No sabe nada de las rotondas cada tres kilómetros?», preguntó González Ortea al conseller d'Obres Públiques, Francesc Quetglas, quien se limitó a contestar que él no tenía ninguna constancia oficial de la propuesta de la Conselleria de Medi Ambient. «¿Está en un documento y no se entera? Usted no sabe nada; menos ruedas de prensa y haga los deberes», increpó el portavoz del PP al titular d'Obres Públiques. «No digo que no sepa nada. Lo que le he dicho es que no hay ninguna previsión», subrayó Quetglas.

González Ortea calificó de «inteligente no defender tonterías» y recordó que hasta el Consell Insular de Mallorca, que ahora tiene las competencias en carreteras, «ha puesto el grito en el cielo». «No podemos obligar a los consells a construir rotondas», asumió Quetglas. En su última intervención, González Ortea aumentó el tono de sus críticas. «Desde aquí quiero pedir la dimisión del director general de Movilidad "Salvador Miralles" por plantear tonterías. O se va él o dimite el conseller», pidió el portavoz del PP entre los aplausos de sus diputados.

Sin embargo, Quetglas optó por utilizar su último turno de la respuesta "una vez que González Ortea ya no podía replicar" para cuestionar la actitud del grupo de la oposición. «Aquí tengo un informe de Gabriel Le Senne "ex director general d'Obres Públiques con el Govern del PP" en el que defendía las rotondas. Le Senne aseguraba que este tipo de infraestructuras viarias ofrecen un buen resultado porque disminuían el número de accidentes y la gravedad de los mismos. Cuando el señor González Ortea estaba en el Govern las rotondas eran buenas, pero ahora el PP las ridiculiza», atacó el conseller d'Obres Públiques, quien fue duramente increpado por los diputados de la oposición. «Cobarde, cobarde», vociferaron los parlamentarios del PP contra Quetglas por plantear un nuevo debate cuando González Ortea ya no tenía ninguna posibilidad de contestar. Mientras los diputados del PP reprochaban la actitud del conseller d'Obres Públiques, Quetglas sonreía desde su escaño.

Otra discusión entre el diputado del PP Joan Huguet y el conseller de Treball, Eberhard Grosske, volvió a calentar los ánimos de la Cámara balear. Huguet preguntó a Grosske por el uso de unas instalaciones públicas "Calanova" para celebrar un acto de Esquerra Unida. Además, el diputado popular preguntó a Grosske si creía adecuado acudir a una reunión de partido en coche oficial. «Calanova tiene un régimen de uso público y no hay ningún problema», contestó Grosske. Huguet recordó que cuando el actual conseller de Treball estaba en la oposición criticaba el «uso partidista y perverso» de los bienes públicos. «Era razonable utilizar el coche oficial porque tenía que pararme en el Consolat de Mar. En cambio, usted viajaba a Madrid para temas del PP con dinero público», atacó Grosske a Huguet. El diputado del PP retomó la palabra para recordar que las acusaciones de EU fueron archivadas por los jueces. «Tuvo que devolver el dinero del alquiler de un coche que utilizó para pasar sus vacaciones», añadió Grosske.

El Pacte defenderá en el Congreso el uso del catalán en los euros
El Parlament balear aprobó ayer, con los votos favorables del Pacte y la oposición del PP, una proposición no de ley por la que se pide que en las monedas de euro se escriba el nombre de «España» en todas las lenguas oficiales del Estado. Esta iniciativa parlamentaria presentada y defendida por el PSM deberá ser tramitada en el Congreso de los Diputados para su debate y votación. Entre otros puntos de esta proposición no de ley, se pide que con ocasión de la emisión y la puesta en circulación de monedas conmemorativas por parte de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, las leyendas se expresen en todas las lenguas oficiales del Estado. También se requiere que toda la publicidad institucional sobre la emisión en euros se realice en castellano, catalán, gallego y vasco.