El borrador de ley de regulación del crecimiento fijará un cupo
anual de 6.118 licencias a partir de 2004, según figura en el
borrador del anteproyecto de la ley reguladora del crecimiento de
los asentamientos urbanos en Balears, que es el nombre oficial
elegido por la Conselleria d'Obres Públiques. Tal y como señala el
artículo 1 de la ley, el objeto de este texto es «establecer, en el
marco de la ordenación territorial y urbanística de Balears, una
regulación del crecimiento de las asentamientos urbanos u del
desarrollo de su proceso urbanizador y edificador».
La ley tiene como base la nonata reforma de las Directrices de
Ordenación del Territorio que presentó el anterior conseller
d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer. Por esta razón, establece
un régimen de transición hasta llegar al crecimiento del 1 por
ciento, que es el límite pactado entre PSOE y EU. Durante 2002, el
límite de crecimiento fijado por la ley es del 3 por ciento de lo
ya construido, lo que significa que se podrán construir 18.356
viviendas en Balears con capacidad para 55.066 personas. En 2003 y
dentro de esta fase de transición, el cupo de licencias que fija la
ley es del dos por ciento, lo que permitirá construir 12.237
viviendas, con capacidad para 36.710 plazas.
El borrador deja en manos de los planes territoriales insulares
el crecimiento de los distintos municipios, si bien incluye un
listado "similar al de la reforma de las DOT" en el que señala las
unidades de alojamiento de cada municipio que deben servir de base
posterior para la concesión de los cupos. Los planes territoriales
insulares podrán incrementar en un 20 por ciento el crecimiento
máximo asignado a cada uno de los municipios. De este, este es una
de las escasas modificaciones que presenta este borrador con
respecto a la reforma de las DOT ya que el texto que presentó
públicamente Ferrer limitaba este crecimiento excepcional al 10 por
ciento.
Como en la reforma de las DOT, quedan excluidas del cupo anual
de licencias las viviendas de protección oficial y la reforma o
rehabilitación de las edificaciones. A pesar de que todos los
partidos del Govern tenían ayer en sus manos el texto definitivo,
los responsables de Unió Mallorquina aún no lo habían recibido. Un
portavoz de la formación política aseguró que se partido se dará
tres semanas de plazo para estudiar el contenido del anteproyecto
de ley y dar una respuesta a los demás miembros del Pacte de
Progrés. El Govern confía en aprobar el texto antes de que concluya
el mes de abril.
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