Mónica González08/03/02 0:00
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Aproximadamente 300 alumnos de Secundaria salieron ayer a la calle en Palma -aunque llegaron a su destino apenas un centenar- para oponerse a la Ley de Calidad anunciada por el Gobierno central y a la Ley Orgánica de Universidades, ya en vigor, en un día en que todos los estudiantes de este nivel estaban llamados a la huelga, tanto en Balears como en otras comunidades, por el Sindicato de Estudiantes. Según datos de la Conselleria d'Educació, la huelga afectó a 50 de los 54 Institutos de Enseñanza Secundaria existentes en el Archipiélago, siendo secundada por 18.733 alumnos, lo que supone el 57 por ciento de total de los alumnos de enseñanzas secundarias.

El mayor porcentaje de participación se dio entre los alumnos de bachillerato, con el 65'7 por ciento; seguido del 54'9 por ciento de los alumnos de ESO y del 54'8 por ciento de los de ciclos formativos. La marcha partió a las doce del mediodía de la Plaza del Tubo, desde donde los manifestantes recorrieron el Passeig Mallorca, Jaume III y es Born, vías que tuvieron que ser cortadas al tráfico por la policía. Llegados a este punto se concentraron, por no poder llegar hasta la puerta de la Delegación del Gobierno debido a las obras que allí se realizan.

El portavoz en las Islas de este sindicato, Juan Segura, declaró al principio de la marcha que «si no han venido más estudiantes ha sido por culpa del mal tiempo y por la represión de los centros, que han colocado exámenes para este día y no los han querido cambiar». No obstante, añadió, «éste es sólo el principio de un proceso de movilizaciones en contra de las reformas educativas del Partido Popular, que pretenden acabar con la enseñanza pública, a la que destina un menor presupuesto cada año, frente a la privada, a la que cada vez dedica más dinero».

Las reivindicaciones de los estudiantes, concretó, pasan por «el aumento de la financiación de la enseñanza pública, que ha de ser de un 7 por ciento del PIB, mientras que a la privada no se debe desviar ni una peseta más». Junto a ello, se exige «la creación de 250.000 plazas universitarias, 40.000 plazas de ciclos formativos de grado superior y eliminación de las barreras al acceso a la universidad». «La educación -apeló el líder estudiantil- no es un negocio de la patronal, es un derecho fundamental y el Estado tiene la obligación de garantizar una educación de calidad en todos los niveles».