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El proyecto de ley de residuos que ya tiene prácticamente listo la Conselleria de Medi Ambient deja abierta la posibilidad de ampliar la planta incineradora como sistema de eliminación de residuos, si bien deja claro que la incineración tan sólo se ampliará en circunstancias muy especiales. El director general de Residus del Govern, Nicolau Barceló, aseguró que la ley fija una prelación a la hora de elegir el sistema de eliminación de residuos. En primer lugar se sitúa la reducción en origen de los residuos, como el sistema más ecológico de todos.

El segundo sistema que defiende la ley es el de la valorización, es decir, conseguir alguna rentabilidad de los residuos. De todos los sistemas de valorización, la ley prefiere el reciclaje a la incineradora. La peor opción de todas es el vertido de los residuos, si bien Barceló aseguró que, en determinadas circunstancias, el sistema de vertido es preferible al de incineración. El director general de Residus explicó, por ejemplo que el sistema de vertido es el más aconsejable para algunos residuos, como los escombros. También es preferido en territorios pequeños donde una incineradora produciría un enorme impacto. Este es el caso de Formentera, tal y como explicó Barceló.

A pesar de que la ley deja la puerta abierta a la ampliación de la incineradora, Barceló reiteró que se trata de la última opción y para aquellos casos en que se compruebe que es imposible el reciclaje. Por lo que respecta al reparto de competencias, el director general de Residus recalcó que la ley es extremadamente respetuosa con los consells, a quienes cede la gestión de todos los residuos no peligrosos. Entre los residuos no peligrosos, que son los que gestionarán los consells, se encuentran los residuos urbanos y los residuos específicos. En esta última categoría se incluyen los escombros, los residuos voluminosos, los lodos de depuradoras y los aceites no tóxicos.

Todos estos materiales requieren un plan específico de eliminación de los que, por el momento, tan sólo está hecho el de escombros. Por lo que respecta a los residuos peligrosos, el Govern trabaja ya en un plan específico para que el tratamiento de estos residuos lo hagan gestores autorizados. Barceló opinó que la descontaminación y el reciclaje de los vehículos viejos corresponderá a gestores privados, mientras que la eliminación de las pilas se hará a través de gestores públicos. Barceló explicó además que el proyecto de ley faculta al Govern a crear una empresa pública para el tratamiento de los residuos peligrosos.