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M. AZAGRA/M. GONZÀLEZ
Falta una financiación y una consulta global a los sectores implicados en el sector de la enseñanza. Son dos de los puntos comunes manifestados por entidades o asociaciones ante la futura Ley de Calidad de la Enseñanza. Damià Pons, conseller d'Educaciò i Cultura volvió a rechazarla, la definió como «una operación de márketing» y lamentó que la ministra Pilar del Castillo «no haya contado con las comunidades autónomas para la elaboración del documento base de la futura ley».

El rector de la UIB, Llorenç Huguet, adelantó que «por lo que he podido leer del documento recibido hoy (por ayer), esta ley consagra la reválida como una prueba externa, y eso sí que genera un poco de perplejidad a la hora de anular la selectividad, ya que parece ser que se va a igualar, al 50%, el valor de las notas de bachiller y las de esta prueba, cuando ahora la nota de selectividad tiene un peso del 40%, frente al 60% del bachiller».

Tanto Neus Santaner, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de les Illes Balears (STEI), como Florían Àlvarez (Juventudes del PSOE), Josep Melià (Juventudes de UM) y Andreu Caballero (Consell de Joventut de les Illes Balears) critican la falta de financiamiento de la nueva ley y la ausencia de un pacto con los sectores implicados. «La nueva ley es una jugada ideológica. No está acompañada por ninguna partida presupuestaria. En el fondo, no se quiere cambiar la situación. La reválida no es mas que un medio regresivo. Nosotros proponenos financiación, menos alumnos por aula y más trabajadores sociales en los centros», afirma Santaner.

Para Andreu Caballero «la reválida no solucionará el fracaso escolar» y Josep Melià critica «la invasión competencial para los comunidades autónomas. Se ha planteado una reforma sin tener en cuenta a las comunidades. Tampoco se aborda la financiación y, con ello, caen en el mismo error que tuvieron los socialistas», afirmó Melià. Por último, FETE-UGT exige una «verdadera negociación con propuestas mucho más concretas. En el documento no existen compromisos de Estado ni planes estables».