Para el magistrado, la petición de imputación de estos dos
aforados es «totalmente desproporcionada en cuanto a lo que se
conseguiría (...) si se compara con el efecto pretendido por los
orquestadores del juicio paralelo: el alcance mediático de una
solicitud de imputación de un ministro del Gobierno y de una
diputada nacional».
También decreta el archivo de las actuaciones relativas a los
presuntos delitos electoral, prevaricación y malversación de
caudales públicos. Monserrat decide, en cambio, remitir al juzgado
de instrucción de Palma que corresponda la investigación de un
presunto delito de falsedad documental de la ex directora general
de Promoción Industria, Rosa Grijalba; del ex jefe del Servicio de
Promoción Industrial, Angel Gallego, y del técnico de Promoción
Industrial Joan Fortuny, todos ellos ya imputados en la causa que
se ha instruido en el Tribunal Superior de Justicia de
Baleares.
Así, insta a que se deduzca testimonio de los particulares
relativos a la presunta falsedad documental ocurrida con ocasión de
la supuesta entrevista falsa a María de la Pau Segura para que por
el juzgado de instrucción de Palma correspondiente se proceda a
depurar posibles responsabilidades penales que concurran en las
personas de Grijalba, Fortuny y Gallego.
Se sobreseen provisionalmente, en cambio, las actuaciones
relativas al presunto delito de descubrimiento y revelación de
secretos relacionado con la documentación procedente de Miquel y
María de la Pau Segura (la agenda del ex presidente Matas) y los
correos electrónicos aportados a esta causa por no haber motivos
suficientes para acusar a determinadas personas.
El juez pide que se deduzca testimonio de los particulares
relativos a las declaraciones de los ex dirigentes del PP en Iiza y
Formentera Cándido Valladolid, Manuel Alonso Fernández Revuelta y
Andrés Charneco y remitirlo al juzgado de instrucción de Ibiza para
que se procesa a la investigación de un posible delito electoral en
relación al quebrantamiento de normas esenciales de respeto al
secreto electoral ocurrido con ocasión de las elecciones de junio
de 1999 en las mesas electorales de Formentera.
El fiscal jefe de Baleares, Antonio de Vicente Tutor, que pidió
el traslado de la causa al Supremo para que Matas y Estarás fueran
llamados a declarar como imputados, ya ha anunciado que va a
recurrir el auto del juez.
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