P. Candia22/03/02 0:00
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Los dirigentes de cada una de las formaciones políticas de Balears coincidieron, prácticamente, en expresar su rechazo a las duras críticas plasmadas por la Junta de Jueces de Palma en un documento a la clase política en general. Los jueces aprobaron por unanimidad un comunicado en el que afirman estar «hartos de ver la utilización que los políticos hacen de la Justicia, el horror que les causa la sola idea de la independencia judicial», entre otras cuestiones. También, dicen que «si alguna vez los políticos quisieron que la Justicia funcionara con eficacia y razonable rapidez han fracasado y no en vano habrá de recordarse que la jurisdicción que arrastra desde siempre mayor atraso es la contencioso administrativa, precisamente la especialmente encargada de controlar la actividad de la Administración».

El portavoz del Partido Popular de Balears, José María González Ortea, afirmó que «generalizar nunca es bueno». «Es cierto que hay políticos que prescinden de toda ética al intentar emplear las actuaciones judiciales para su provecho, y aquí en esta comunidad hay ejemplos muy concretos, pero de ahí a afirmar que toda la clase política se comporta de la misma manera, hay un abismo». Y añadió: «Así como hay miembros de la judicatura más proclives a ejercer de políticos, también hay políticos que intentan sacar provecho a determinadas situaciones en el ámbito judicial».

Para el secretario general de Unió Mallorquina y abogado en ejercicio, Bartomeu Vicens, «en un Estado de Derecho se deben respetar todos los poderes inherentes a él». «Hay que ser respetuosos con la convivencia en una democracia y no se puede generalizar, como lo han hecho los jueces de Palma. La culpa de las disfunciones en los ámbitos político y jurídico obedece a muchas causas, y el ejemplo más flagrante lo tenemos en determinadas actuaciones del Gobierno central en causas puntuales», señaló.

Antoni Alorda, portavoz del Partit Socialista de Mallorca (PSM), dijo que hay «perversiones» manifiestas en las actuaciones políticas y jurídicas, como «las injerencias del Gobierno central al elegir a dedo al fiscal general del Estado, y también las elecciones de ternas de jueces a propuesta del Parlament». «Todo ello levanta suspicacias, pero lo que está claro es que es necesario dotar a la Justicia de más medios, y por ello creo muy necesario reclamar para Balears las transferencias en materia de Justicia, ya que desde aquí podremos realizar actuaciones concretas, con una mayor capacidad de medios, con el objetivo de situarla en el nivel que merece».

Manuel Cámara, senador de Balears, admitió que los jueces de Palma «alguna razón tienen en sus críticas a la clase política», pero recordó que esas disfunciones «son el reflejo de nuestra sociedad». «Los jueces deben recordar que los políticos con responsabilidades en este país son elegidos democráticamente por los propios ciudadanos, y si alguno de ellos abusa de su condición, ahí están las urnas, cada cuatro años, para poner a cada uno en su sitio», indicó. Joan Flaquer, del PP, finalmente, prefirió no opinar debido a que no conocía «con exactitud» el contenido del texto aprobado por los jueces.