El conseller d'Innovaciói i Energia, Príam Villalonga, aseguró ayer
que el 80 por ciento de las mil antenas de telefonía móvil que hay
instaladas en Balears, carece de alguna de las licencias
pertinentes. Villalonga, que señaló que la nueva normativa
permitirá a las empresas regularizar esta situación de ilegalidad,
indicó que en el último año su departamento ha llevado a cabo 117
inspecciones para comprobar que los equipos transmisores de la
señal de telefonía móvil no rebasaban las radiaciones permitidas y
ha denunciado a los ayuntamientos siete incumplimientos.
El conseller aclaró que las emisiones de radiación por encima de
los límites permitidos, todas ellas registradas en Mallorca, han
sido subsanadas, y no afectaban a centros escolares. Sobre las
normas territoriales cautelares, que aprobó el Consell de Govern el
pasado viernes, el conseller recordó que estarán vigentes hasta la
entrada en vigor del Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones,
que espera entre en vigor a finales de este año.
Villalonga recordó que el Govern ya aprobó unas normas
cautelares en noviembre del año 2000 y ofrece desde hace un año un
servicio de inspección de radiaciones a disposición de particulares
e instituciones, pero apuntó que se han vuelto a redactar las
normas cautelares para adaptarlas al decreto regulador de las
instalaciones de telecomunicaciones dictado por el Ejecutivo
central el pasado mes de septiembre. Indicó que la nueva regulación
transitoria balear busca «el equilibrio entre lo que es
imprescindible proteger (la salud y el paisaje) y el interés de los
ciudadanos en poder disfrutar de la telefonía móvil y otras
tecnologías».
Las normas cautelares, según Villalonga, limitan la
«proliferación de antenas en el medio rural» y mantienen el
principio de que la instalación de más antenas en los espacios
urbanos permite que éstas tengan una potencia de emisión más
reducida. El director general de Tecnología y Comunicaciones,
Carles Bona, señaló que las normas anteriores establecían las
limitaciones de alejamiento de las antenas en función de su
potencia de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de
la Salud, mientras que las actuales se ciñen a la nueva
reglamentación estatal.
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