Colas de ciudadanos para pagar el IBI y el IAE en Palma.

Colas de ciudadanos para pagar el IBI y el IAE en Palma.

Nekane Domblás24/03/02 0:00
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La supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) dejará a los ayuntamientos con una merma en sus ingresos de 28'3 millones de euros (4.711 millones de pesetas), según recoge un detallado estudio económico realidad por el departamento de Hisenda i Pressuposts del Consell que dirige Miquel Angel Flaquer y en el que ha participado la directora insular Maria del Mar Gual. La institución insular está especialmente preocupada por esta anuncio del Gobierno central ya que el IAE representa el cuatro por ciento de los ingresos totales de los ayuntamientos, unas instituciones especialmente mal financiadas. La desaparición de esta partida económica empeoraría aún más el maltrecho estatus financiero de los municipios, según el Consell.

Si se tienen en cuenta exclusivamente los ingresos tributarios, es decir, los impuestos más las tasas, la desaparición del IAE representa el 6 por ciento del total de ingresos, pero en algunos municipios de Mallorca la situación podría llegar a ser dramática. Es el caso, por ejemplo, de Lloseta, donde el IAE es el 25'59 por ciento de los ingresos tributarios totales. También el Ajuntament de Porreres la situación sería delicada ya que el IAE es el 11'57 por ciento de los ingresos tributarios totales. El tercer ayuntamiento de Mallorca al que también afectará especialmente la supresión es el de Porreres. El IAE es el 7'4 por ciento de los ingresos totales.

En términos absolutos, el Ajuntament de Palma sería el más perjudicado por la supresión ya que el año pasado presupuestó por este concepto 17'1 millones de euros (2.859 millones de pesetas). Calvià ocupa la segunda posición en cuanto a municipios más perjudicados. El Ajuntament perdería 3'1 millones de euros (523 millones de pesetas) si el Gobierno suprime este impuesto. El Consell estaba especialmente interesado en conocer las repercusiones que tendría la supresión del IAE ya que, además, es una de las instituciones perjudicadas por esta situación. El estudio recoge que la institución que preside Maria Antònia Munar perdería 5'3 millones de euros (893 millones de pesetas) si el Gobierno consuma su amenaza y aprueba una ley que suprima este impuesto.