Los papeles perdidos del «caso Son Dureta»

Ahora ha trascendido que este hecho fue admitido el año pasado por la misma Inspección, después que la Dirección Territorial del Insalud propusiera reabrir el caso judicial y pidiera un nuevo informe sobre aquellos posibles delitos económicos cometidos en el hospital Son Dureta entre los años 1988 y 1992, que afectaban la desaparición de prótesis cardiacas -«justificadas» con su implantación a pacientes muertos-, concesiones irregulares de servicios o adquisiciones millonarias sin concurso público, entre otros hitos graves de lo que el Grupo de Delincuencia Económica consideró «un caos administrativo y de gestión que tiene su principal origen en una falta de cumplimiento del protocolo administrativo por parte de la totalidad de departamentos» implicados.

El sobreseimiento provisional del caso que ahora podría ser reabierto fue decidido por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que habló de «obstaculización» por parte del Insalud en su actuación, que se había prolongado durante ocho años. Durante todo este tiempo, el juez no pudo individualizar las responsabilidades. En cualquier caso, todas las fuentes consultadas apuntan que pueden reabrirse las diligencias iniciadas el año 1992 por el fiscal en ninguna de las Balears, Antonio Vicente de Tutor, después de las denuncias reiteradas por parte de CC OO y del contundente informe del Grupo de Delincuencia Económica de 1991.

Después de que el juez Castro sobreseiera el procedimiento, «Diari de Balears» y Ultima Hora aportaron nuevas informaciones en el año 2000 sobre el alcance de los posibles delitos cometidos por los responsables de Son Dureta, motivando que la Dirección Territorial del Insalud solicitara nuevos informes. La primera posibilidad de actuación propuesta fue la de «reabrir las diligencias previas provisionalmente sobreseídas», al entender que en ningún caso el posible delito había prescrito. No obstante, para encontrar una mejor respuesta del Insalud central, se garantizaba que los hechos sí habían prescrito «a efectos disciplinarios, dado que algunos de los implicados incluso ya no están vinculados con el Insalud».

La respuesta de la Inspección fue, como ya se ha dicho, adjuntar un informe redactado en el año 1989 que podría servir como nueva documentación judicial «en el caso de que no se haya planteado recurso de reforma contra el acto de sobreseimiento provisional o que si ha sido interpuesto haya sido desestimado», como pedía el Insalud-Balears. La Inspección mostró «la absoluta disposición» para «actualizar, ampliar o completar, aquello investigado o cualquier otro aspecto que se considere relevante». No se ha vuelto a hablar.

Cabe señalar que los actas inspectoras «desaparecidas» de la instrucción judicial, y a las cuales ha tenido acceso este periódico, confirman una buena parte de las denuncias efectuadas a su momento por CC OO y el informe que elaboró el Grupo de Delincuencia Económica. Así, la Inspección Sanitaria constataba que algunos artículos eran «duplicados e incluso triplicdos» en el inventario, mientras que no había ninguna prueba documental de los concursos públicos y restringidos que supuestamente se habían efectuado. CC OO afirmaba que se adjudicaban directamente, al mismo tiempo que «con frecuencia» se superaba el límite económico permitido para la adquisición de suministras menores.