Margalida Rosselló y Francesc Antich estuvieron estudiando el decreto el pasado viernes.

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El Govern balear, a través de las Consellerias de Medi Ambient y d'Agricultura i Pesca, ha redactado el decreto que regulará la creación del banco de agua agrícola, texto que ahora tendrá que ser consensuado con el sector y, posteriormente, aprobado definitivamente. El objetivo de la iniciativa, según comentó el director general de Recursos Hídrics, Antoni Rodríguez, es que los agricultores que no rieguen sus explotaciones cedan los derechos al citado banco que, a su vez, los cederá a los nuevos payeses en función del tipo de cultivo que quiera realizar y por un plazo que va de uno a cuatro años.

En este sentido el director general de Recursos Hídrics remarcó que la cesión del agua no será física sino que se transferirán únicamente los derechos, por lo que el receptor podrá extraer de recursos de un acuífero diferente al del cedente aunque siempre bajo la vigilancia de la Conselleria d'Agricultura y de la Comisión de Seguimiento. La puesta en marcha del banco de agua para el sector primario se verá favorecido por la ley de aguas que está en vigor, normativa que establece que un agricultor perderá la concesión de un pozo si no lo utiliza en el plazo de tres años.

Esta circunstancia hace que las previsiones de los promotores sean optimistas y que incluso, según Rodríguez, se espere que haya más cedentes que solicitudes de nuevos payeses. «La idea es que los nuevos agricultores tengan acceso a permisos para regar sin tener que reconocer nuevos derechos de explotación que puedan perjudicar a los acuíferos de las Islas», aseguró el director general.

El decreto, que fue analizado el viernes por la tarde por el president del Govern, Francesc Antich, y la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, establece que la cesión de derechos del agua tendrá que ser, como mínimo, de dos años y que la transmisión no podrá realizarse de una Isla a otra.

Medi Ambient mantiene la «moratoria» de pozos
La extrema sequía que asoló las Islas hace un año obligó a la Conselleria de Medi Ambient a redactar un decreto que establecía una serie de medidas excepcionales entre las que se incluía una especie de «moratoria» de pozos. De hecho, y desde entonces, el departamento autonómico no ha concedido nuevas licencias de explotación a pesar de las numerosas peticiones. Únicamente, según Rodríguez, se están autorizando sondeos y nuevas extracciones cuando el proyecto tenga por objeto reorganizar el suministro y se saque la misma cantidad de agua para la que están autorizados.