La división fue la nota predominante en la manifestación
protagonizada ayer en Palma por medio millar de estudiantes de
Secundaria contra la Ley de Calidad de la Enseñanza, presentada por
el Gobierno. La jornada de huelga, también convocada para ayer, fue
secundada por un 46'6% de los estudiantes de Balears. Por islas,
Mallorca contó con una participación del 53'7%, Menorca del 55%,
Eivissa del 17% y en Formentera fue nula.
La manifestación había sido convocada por el Sindicat
d'Estudiants en Balears. Pero a la hora de partir, la Coordinadora
d'Estudiants dels Països Catalans y la Assemblea d'Estudiants de
Mallorca decidieron desmarcarse y sorprendieron a los policías
locales y nacionales con un cambio en el itinerario no previsto ni
anunciado. En lugar de ir por el Passeig Mallorca, seguir por Jaume
III y finalizar en es Born, marcharon por la Rambla, Oms, Cort y
llegaron hasta la sede del PP. Preguntados por el motivo de este
cambio, Andreu Perelló, portavoz de la CEPC, explicó que aquella
era «una manifestación paralela a la convocada por el Sindicat
d'Estudiants» a iniciativa de la propia Coordinadora y de la
Assemblea d'Estudiants de Mallorca para la que no habían solicitado
ningún permiso.
Perelló justificó que se trataba de un acto de rechazo a la
«actitud del Sindicat d'Estudiants, que pretende monopolizar todas
las actuaciones». El Sindicat d'Estudiants decidió unirse a la
marcha mayoritaria, aunque su portavoz, Joan Segura, negó que se
hubiese convocado nada sin contar con las demás plataformas. La
policía no recibió en ningún momento orden de impedir el avance de
la marcha.
Discrepancias de organización aparte, todos los manifestantes
alzaron su voz en contra de la ley de calidad. El manifiesto leído
ante la sede del PP acusó al Ejecutivo de José María Aznar de
«reducir la enseñanza a un vulgar mercado, supeditado a los
intereses empresariales que sólo buscan una educación al servicio
del mercado laboral. Ante esta situación, exigió «una enseñanza
gratuita y de calidad para todos, que no cree elites ni excluidos».
Mientras, el conseller d'Educació, Damià Pons, consideró ayer que
la futura ley de calidad es «discriminatoria, centralista,
impositiva, incoherente, está alejada de la realidad y está llena
de errores de toda clase».
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