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Todos sabemos que no es lo mismo gobernar que estar en la oposición y de eso saben mucho los dos grandes partidos de nuestro país y de nuestra Comunitat. Ahora hemos tenido varias ocasiones de comprobarlo. La expresión «lealtad institucional», tan de moda, corre de labios de uno a labios del contrario y casi nunca, claro, encuentra demasiado eco. En el reciente rifirrafe registrado en Can Picafort, con el asunto de la extracción y deposición de arenas para regenerar la playa, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, sacó a relucir el documento que avala jurídicamente su actuación poco después de que el Govern anunciara que recurriría a medidas judiciales para paralizar los trabajos. Matas sabía que tenía el respaldo de la Abogacía del Estado pero sólo lo expuso cuando el Govern había movido ficha. En unas circunstancias de normalidad institucional, el Ministerio de Medio Ambiente debería haber advertido al Govern de sus planes sin quedarse en la manga ningún as.

Claro que antes se había informado que el Govern apoyará las protestas contra el Plan Hidrológico Nacional, que tendrán lugar en Mallorca coincidiendo con la cumbre de ministros de Medio Ambiente, que presidirá Jaume Matas. Es algo también inadmisible desde el punto de vista institucional. Antich y sus consellers pueden participar a título individual o en representación de sus partidos, pero no ostentando la representación de la Comunitat Autònoma.

Algo similar ha sucedido en el Ajuntament de Palma. En dos asuntos de máxima importancia para la ciudadanía, como son la progresiva peatonalización del casco histórico y la regulación de los horarios de los bares, al portavoz socialista, Antoni Roig, le ha faltado altura de miras. No debería haber aprovechado la circunstancia para atacar a Fageda, sabiendo que se trata de dos actuaciones difíciles, que el propio Roig no dudaría en impulsar si fuera alcalde y que al PP le están causando problemas entre los sectores más conservadores.