Antoni Contestí, director provincial del Inem en Balears, explicó
ayer "al regresar de una reunión en el Ministerio de Trabajo con el
secretario general de Empleo del Gobierno, Juan Chozas" que «la
mayoría de los nuevos contratos de los fijos discontinuos de
Balears son de llamada incierta» y puntualizó que «no creo que haya
excesivos problemas en la aplicación del decreto» e incluso aseguró
que unos 50.000 trabajadores fijos discontinuos de las Islas no
tendrán ningún problema para cobrar las prestaciones por desempleo.
Por su parte, el director del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB), Pere Mascaró, confirmó ayer que «la mayoría de los
nuevos contratos de fijos discontinuos, que hemos podido revisar en
estos últimos días, se están realizando como fijos discontinuos 'de
llamada incierta'». Estos trabajadores, por tanto, son los que el
nuevo decreto ley considera como fijos discontinuos y tendrán
derecho a prestación por desempleo. Pero también hay muchos
trabajadores antes considerados como fijos discontinuos
"especialmente en el sector de hostelería y oferta complementaria
de temporada" que son de llamada cierta, éstos son los que más
preocupan al Govern, ya que el decreto ley los califica como
trabajadores a tiempo parcial.
«Lo que nosotros pedimos es que la normativa legal esté clara y
que no se tengan que hacer interpretaciones de los artículos del
decreto», apostilla Mascaró, añadiendo que «esta reforma se tendrá
que aplicar incluso a los convenios colectivos, como el de
hostelería de Balears que ahora se está negociando» y añadió que en
muchos casos se tendrán que modificar los contratos para poder
contar con prestaciones de desempleo. Por otra parte, el número de
beneficiarios de prestaciones por desempleo en Balears "sin incluir
el subsidido para trabajadores eventuales agrarios" creció un 29'4
por ciento en el pasado mes de abril respecto al mismo mes del año
pasado, según datos del Ministerio de Trabajo. Balears fue así la
comunidad autónoma con más incremento, tras Ceuta y Melilla, que
creció un 45'8 por ciento. Todas las comunidades crecieron en este
índice. En todo el Estado, el número de beneficiarios de
prestaciones por desempleo ascendió a 988.900 en abril, lo que
supone un aumento del 16'8 por ciento.
Por otra parte, los sindicatos policiales SUP y UPF expresaron
ayer su apoyo a los motivos de la huelga general convocada para el
próximo día 20 por CC OO y UGT y pidieron al Gobierno central que
no utilice «la excusa de la huelga para enfrentar a ciudadanos y
policías», según dijo el secretario general de SUP, Pablo Riquelme.
Tras mantener una reunión con dirigentes de UGT y CC OO, el
secretario general del SUP pidió a todos los policías de las islas
que contribuyan con su trabajo «a garantizar el ejercicio de sus
derechos a todos los ciudadanos, entre los que se encuentra como
fundamental en la Constitución el ejercicio del derecho de
huelga».
También la comisión ejecutiva del STEI-i ha decidido participar
de forma activa en la huelga general. «Consideramos que el Gobierno
de Aznar cuando decreta esta reforma lo que hace es un ataque a los
trabajadores y las trabajadoras, que ven cómo se precariza, todavía
más, el mercado laboral». El diputado popular Guillem Camps acusó
ayer al president Francesc Antich, al PSOE y al coordinador de EU,
Eberhard Grosske de «mentir a los ciudadanos cuando dicen que el
decreto ley aprobado por el Gobierno de José María Aznar dejará sin
prestaciones a los trabajadores fijos discontinuos». Camps subrayó
que la huelga general anunciada por los sindicatos para el 20 de
junio «es política porque no responde a motivaciones ni económicas,
ni políticas, ni sociales» y dijo que la reforma no recorta ninguna
prestación por desempleo.
Llamada cierta o llamada incierta, la clave del
problema
El Gobierno central especifica que, con el nuevo decreto ley, se
considera que un trabajador es 'fijo discontinuo' cuando éste no
sepa en qué momento del año le va a llamar la empresa que le tiene
contratado ni por cuánto tiempo. A cambio, cuando el trabajador
sabe a ciencia cierta cuáles son sus meses de actividad cada año
"caso habitual en el personal de hostelería de las zonas costeras,
limpieza y cocina en los colegios, transporte público e incluso
personal aeroportuario" pasa a ser considerado trabajador «a tiempo
parcial» y por lo tanto, pierde el derecho al desempleo en los
meses que no trabaja.
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