El 'Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, de Reforma del Sistema
de Prestaciones por Desempleo' cuenta con varios puntos clave,
además de la modificiación del artículo que hace referencia a los
fijos discontinuos y que tanta polémica ha levantado en Balears.
Los objetivos de la reforma, según el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, pasan por conseguir una mejora del funcionamiento
del mercado de trabajo, haciendo de la protección un instrumento
dinamizador del mercado en base a la movilidad geográfica.
Según el Gobierno central se ha apostado por un mayor compromiso
en la búsqueda activa de empleo, ampliando la protección por
desempleo con medidas de inserción laboral y conjugando políticas
activas y pasivas. El Gobierno ha insistido mucho en el concepto de
«empleo adecuado» y en la ubicación geográfica de los trabajadors
"máximo de 30 kilómetros o de dos horas de desplazamiento" y
apuntando que se suaviza la sanción por rechazo de empleo adecuado,
extinguiéndose el derecho de prestación por desempleo al tercer
rechazo.
Por contra los sindicatos CC OO y UGT, que han convado una
jornada de huelga general el 20 de junio, y el propio Govern balear
sostienen que la reforma del desempleo perjudica seriamente a las
Islas. Las razones esgrimidas son múltiples. «La reforma apela a
los conceptos más reaccionarios de la política conservadora,
tratando a los usuarios como presuntos delincuentes, que quieren
cobrar y no trabajar», explican desde la Conselleria de Treball i
Formació en un documento de 'Análisis de la reforma laboral'.
La eliminación de los salarios de tramitación y el polémico
artículo sobre la regulación de los fijos discontinuos preocupan a
Govern y sindicatos. De hecho, desde el Govern, se especifica que
la eliminación del salario de tramitación supone que «en muchos
casos los trabajadores se quedarán sin ingresos desde el primer
día».
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