El recurso de inconstitucionalidad amenaza la ley de paridad

De hecho, el PP reclamó al Govern que solicitase un informe al Consell Consultiu para analizar la constitucionalidad del proyecto aprobado por el Govern. Sin embargo, el Ejecutivo balear descartó solicitar dicho informe al entender que no era necesario ni preceptivo. Esta negativa del Govern a pedir un informe al Consell Consultiu fue cuestionada por el propio ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. El máximo dirigente del PP balear opinó que la decisión del Govern de no pedir ningún informe jurídico se debía al temor de que los letrados de la Comunitat Autònoma pudiesen plantear dudas sobre la constitucionalidad de la ley de paridad.

En el último debate parlamentario, los populares volvieron a insistir sobre la supuesta inconstitucionalidad de la reforma electoral. La diputada María Salom argumentó que Francia tuvo que modificar su Carta Magna para evitar que la paridad, que ya se ha aplicado en las últimas elecciones a la Asamblea, fuese anulada por el Tribunal Constitucional galo. Pero en esta ocasión, y en contra de lo que es habitual, el Gobierno central no ha remitido al Govern ninguna comunicación para advertir sobre la supuesta inconstitucionalidad de la reforma electoral. Desde el Ejecutivo entienden que el silencio de Madrid no garantiza que no se plantee un recurso en contra de la reforma electoral.

El Gobierno central, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, sí comunicó al Govern que la redacción de la ley de consells era contraria a la Constitución y que, en caso de que se aprobase sin cambios, sería impugnada. El Ejecutivo balear continuó la tramitación de su proyecto inicial y la ley de consells fue recurrida, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional levantó la suspensión y la ley pudo ser aplicada por los tres consells insulars. «El Gobierno central no siempre avisa de que va a impugnar una ley de una comunidad autónoma; en este caso no nos ha informado que dejásemos de tramitar la reforma electoral, pero es prácticamente seguro que presentará un recurso de inconstitucionalidad», recalcó a este periódico un alto cargo del Ejecutivo balear.

A lo largo de esta legislatura el Gobierno central ha recurrido la ley de consells y la ley de la ecotasa. En ambos casos el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión y las leyes han podido aplicarse. En caso de que se confirme el recurso en contra de la ley de paridad, el texto aprobado por el Parlament podría estar suspendido durante cinco meses. En este caso la suspensión cautelar no tendría ninguna consecuencia ya que las elecciones no se celebrarán hasta dentro de 11 meses. Este ha sido uno de los motivos por los cuales el Govern ha querido acelerar al máximo la tramitación parlamentaria de la reforma electoral aprobada la semana pasada, en el último pleno del periodo de sesiones.

De las 3 diputadas de 1991 a las 17 de esta legislatura
La mujer ha ido ganando terreno en la política autonómica. De hecho, en la primera legislatura sólo había tres diputadas en la Cámara balear. La situación apenas cambió en la segunda legislatura. De los 59 diputados que componían el arco parlamentario sólo cinco eran mujeres. En la tercera legislatura se produjo un salto cualitativo en el Parlament y 12 de sus escaños estaban ya ocupados por diputadas. Entre 1995 y 1999 la Cámara balear contaba con 17 parlamentarias frente a los 42 diputados. La actual legislatura comenzó con 20 escaños ocupados por mujeres, aunque en la actualidad sólo quedan 17. Tres diputadas renunciaron a sus escaños.