El proyecto de ley de salud, que ayer recibió el visto bueno del
Govern, incluye entre sus aspectos más novedosos la regulación del
llamado «testamento vital». Se trata de un documento que podrán
firmar los pacientes para determinar qué tipo de tratamiento no
aceptarían en caso de que su situación médica les impida manifestar
su voluntad. El proyecto de ley configura un sistema público de
salud, universal, gratuito y solidario, que pretende ordenar los
recursos sanitarios de manera eficiente. El texto tiene por objeto
hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, mediante la
regulación de la carta de derechos y deberes del ciudadano en el
ámbito sanitario.
Los derechos del usuario se regulan desde el momento del
nacimiento hasta la muerte. Entre estos derechos se incluyen el
derecho a la intimidad y la confidencialidad, el consentimiento
informado, los derechos de los colectivos merecedores de una
especial protección, los de los enfermos mentales, el derecho a la
salud medioambiental y el derecho a la historia y a la
documentación clínica entre otros. La ley crea la figura del
Defensor del Usuario, como órgano encargado de velar por la
protección de los derechos. También se regulan los deberes de los
pacientes, como por ejemplo la utilización racional de los recursos
o el respeto por las instalaciones.
En la misma reunión del Consell de Govern, el Ejecutivo dio el
visto bueno al proyecto de ley de cooperativas, a propuesta de la
Conselleria de Treball i Formació. El Govern considera que las
cooperativas son una pieza clave en la economía de las Islas y el
objetivo de esta ley es fomentar la autocupación generada mediante
las llamadas empresas de economía social. El proyecto de ley fija
un mínimo de tres socios para crear una empresa de este tipo "hasta
ahora se necesitaban cinco" y se exige un capital social mínimo de
1.800 euros, con el intento de acercar estas sociedades a las de
responsabilidad limitada.
El Govern acordó destinar 192.324 euros a la adquisición de una
planta baja en la calla Foners, de Palma, donde se ubicará el nuevo
Casal de Dones con el fin de impulsar y promover la participación
de las mujeres en todos los ámbitos. El Govern destinó además
297.000 euros al Consell de Mallorca para la atención a los
drogodependientes.
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