La renovación de los permisos de residencia para los inmigrantes
tarda entre 10 y 12 meses en Balears, según confirmó el Centro de
Información para los Trabajadores Extranjeros (CITE) de Comisiones
Obreras (CC OO). Portavoces del CITE atribuyen esta demora a la
falta de personal destinado a la tramitación del mencionado permiso
que hay en la Delegación del Gobierno. Según las fuentes, éste es
un problema crónico en la comunidad autónoma, que se ha hecho más
evidente los últimos meses al aumentar considerablemente el número
de extranjeros que trabajan en Balears.
Según el CITE, esta situación no tendría por qué afectar a los
inmigrantes, ya que según la Ley y el Reglamento de Extranjería, el
resguardo de solicitud de renovación suple a todos los efectos el
permiso definitivo. No obstante, las fuentes indican que se han
detectado casos, relativamente numerosos, en que un trabajador ha
perdido el trabajo por encontrarse en situación de espera de
renovación. Estos incidentes, que se producen sobre todo en el
sector de la construcción, tienen como punto de partida el
desconocimiento de la ley por parte de los empresarios que no
renuevan el contrato o no cogen un nuevo trabajador, al sospechar
que una demora tan prolongada podría tener alguna razón no
simplemente burocrática.
Por otra parte, el CITE lamenta la angustia psicológica que
sufren los inmigrantes, que en muchos casos son desconocedores de
la validez del resguardo de solicitud como sustituto del permiso en
tramitación. Los sindicalistas comentan que, en esta situación, el
inmigrante también tiende a sospechar que hay razones ajenas a la
burocracia en la tramitación de su expediente. CITE elabora un
estudio detallado sobre el número de personas afectadas por esta
demora y los perjuicios que han sufrido por la prolongación de los
plazos para la tramitación de la prórroga de los papeles.
Por otra parte, CC OO y el CITE denunciaron el mes de mayo
pasado uno «goteo continuo de expulsiones» de inmigrantes
extracomunitarios de Balears. El director general de Planificación
Social, Antoni Sancho, confirmó la noticia y afirmó que los hechos
«coinciden con la política antiinmigración del Gobierno central,
que señaló que sólo regularizaría a aquellos trabajadores que
llegaran desde su país con una oferta laboral y no a los que ya
están aquí, aunque tengan una oferta laboral.
No obstante, la responsable de Política Social de Comisiones,
Eva Cerdeiriña, aseguró que el «goteo continuo de expulsiones» está
relacionado con el «intento de vincular la inmigración con el
aumento de la delincuencia». Cerdeiriña explicó que «esta relación
es falsa» y dispone de estudios a nivel estatal que así lo
demuestran. Según la sindicalista, «muchos de los delitos que dicen
que han cometido los inmigrantes extracomunitarios consisten en
entrar ilegalmente en España». Desde la CITE se confirmó que desde
finales de abril se habían recibido centenares de denegaciones de
permisos de residencia y que había quejas por la lentitud de los
trámites.
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