Hay actuaciones que tienen la capacidad de despertar la
reflexión y la crítica de la ciudadanía. Si durante décadas
nuestras Islas han estado expuestas al expolio más brutal, en los
últimos años la conciencia ecológica se ha adueñado de la mayoría
de los habitantes del Archipiélago. Hoy casi todos estamos de
acuerdo en que el territorio debe protegerse al máximo.
Precisamente en el ámbito urbanístico se han producido tres
casos en los que están implicados miembros destacados de un Pacte
de Progrés que se había convertido en abanderado de la protección
territorial. La consellera Margalida Rosselló (Els Verds) pretendía
construirse una casa en Alaró que no cumplía con las normas
municipales. El asunto está en los tribunales. El conseller Miquel
À. Borràs (UM) celebró con una sonada fiesta la construcción de su
residencia en un paraje ahora protegido. Hoy no sería posible tal
edificación. Josep Maria Costa (PSOE) está construyendo en Eivissa
una casa que dentro de pocos meses, cuando se apruebe el plan
territorial que el Pacte promueve, estará prohibida, aunque hoy sea
legal.
Son tres casos que, aunque distintos, tienen mucho en común. Por
lo que respecta a Rosselló, serán los tribunales quienes dictaminen
si ha obrado según la ley. En lo que concierne a Borràs y Costa, no
se pone en duda la legalidad de sus casas, viviendas, por otra
parte, que no pueden ser calificadas de modestas, todo lo
contrario.
Estamos ante tres actuaciones privadas que dañan la imagen del
Pacte y el trabajo político de sus compañeros. Todo puede ser
legal, pero ética y estéticamente chirría en demasía. Hablan de
proteger el suelo rústico pero antes se construyen sus residencias
de lujo. Así se decepciona al electorado y se pierden votos. Y se
lo ponen en bandeja al PP, que no dudará en sacarle los colores al
Pacte por estas flagrantes contradicciones entre lo que defienden
en público y lo que hacen en privado.
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