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Este mes de agosto ha acumulado seis casos de malos tratos en mujeres, que han terminado en muerte. El último de estos terribles sucesos se produjo el pasado miércoles en Valencia, cuando una mujer recibió varias puñaladas de su ex marido, a pesar de que había sido denunciado por violencia doméstica en once ocasiones. Ese mismo día, en Sevilla, otra mujer ingresó en la UCI del hospital Virgen del Rocío tras ser agredida por su compañero, y el jueves, sin ir más lejos, la Ertzaintza detenía al compañero sentimental de una mujer asesinada el pasado día 23 en Basauri y un padre asestaba varias puñaladas a sus dos hijos. Lamentablemente, estos sucesos se repiten cada mes.

Pero lo que clama al cielo y llama poderosamente la atención es la escasa atención policial prestada a las denuncias presentadas por víctimas de malos tratos que, en ocasiones, acaban muriendo de una forma terriblemente violenta. En el último caso, la familia de la víctima no había presentado ni una, ni dos, ni tres denuncias, sino once. Es contradictorio que se anime a las personas a denunciar hechos como éstos y no se obtengan los resultados que se persiguen. Las vidas de muchas personas, especialmente mujeres, están en juego y las amenazas no entienden de excesivas denuncias acumuladas, poco personal o mucho trabajo.

Hay que exigir al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior que arbitren fórmulas adecuadas que garanticen la seguridad de las personas amenazadas. Y, sobre todo, una más decidida acción preventiva que evite estos repetidos casos de violencia. La primera denuncia, debidamente comprobada, de malos tratos, o incluso de amenazas, debe acarrear una contundente intervención policial y judicial que corte en seco cualquier riesgo.