El PP denunció que la adjudicación de tres comedores escolares al
esposo de una directora general de la Conselleria d'Educació es «un
escándalo» mientras el conseller Damià Pons respondió que la
concesión fue legal y adoptada por los funcionarios de su
departamento. En otro intenso debate, el diputado del PP Manuel
Jaén Palacios acusó al Govern de «nepotismo» por las
«irregularidades en la concesión» y por «engañar al Parlament».
«Es un hecho evidente que se contrata el servicio al cónyuge de
su directora general "Catalina Bover" y aparece un nuevo licitador,
desconocido en el departamento, y se le adjudican tres comedores
escolares», acusó Jaén Palacios. Según el diputado del PP, en las
actas de la adjudicación de los comedores a la empresa ACO,CB «hay
una firma falsificada» y «el color de la tinta de varios firmantes
no es el mismo en todas las hojas del documento». Además, Jaén
Palacios denunció que el Govern no podía adjudicar este servicio a
ACO,CB ya que es una comunidad de bienes.
«Nos encontramos ante el gran tema político de la historia de
nuestra Comunitat Autònoma», ironizó el conseller Pons, quien acusó
a Jaén Palacios de «hacer trampa» por utilizar un borrador de
trabajo sobre la adjudicación y por «poner en duda la honorabilidad
de los funcionarios». «Era la mejor oferta que teníamos sobre la
mesa», insistió Pons, quien acusó al PP de «tener una concepción
totalitaria de la Administración Pública».
Durante el debate de la interpelación, el socialista Antoni
Diéguez relató un caso que calificó como el «comedor popular».
Diéguez comentó que el alcalde de Ses Salines, Joan Burguera,
organizaba comidas en su propia casa «y luego pasaba la factura al
Ajuntament». «Este es un ejemplo del "comedor popular". El alcalde
se contrata a sí mismo. Eso sí es eficacia», ironizó el diputado
socialista.
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