El Govern considera inaceptable que los presupuestos del Gobierno
para el año que viene incorporen condiciones «inasumibles» para
realizar las inversiones previstas en las Islas. El conseller
d'Obres Públiques, Francesc Quetglas, se refería a las partidas
económicas destinadas a la construcción de autopistas "pese a que
el Govern no las quiere" y a las propuestas de nuevas desaladoras,
que también rechaza el Ejecutivo. El Gobierno ha presentado un
documento que incluye una inversión prevista de 257 millones de
euros en las Islas a lo largo del año que viene.
El conseller d'Obres Públiques se mostró muy crítico con esta
propuesta del Gobierno central y, de manera especial, con el hecho
de que no incorpore ni una sola partida presupuestaria destinada a
compensar los efectos de la insularidad, tal y como establece la
Ley de Régimen Especial Balear (REB). «Estos presupuestos son una
ceremonia de la confusión y de las falsedades», señaló Quetglas. El
conseller explicó que esta denuncia se basa en el hecho de que
ninguna de las inversiones que constan en los presupuestos de este
año se han ejecutado, por lo cual el cumplimiento del nuevo
presupuesto es más que dudoso, a la vista de los sucedido este
año.
La misma reflexión se extendió a las inversiones previstas en
ferrocarril, que se resumen en una subvención al Ajuntament de
Palma para que haga un estudio sobre el soterramiento de las vías.
Esta partida también figuraba en el presupuesto de 2002 sin que se
haya ejecutado hasta la fecha. El único compromiso presupuestario
cierto, según el conseller, es el dinero previsto para vivienda
porque se trata de un convenio que gestiona la Comunitat.
Algunos partidos del Pacte se sumaron ayer a las valoraciones
críticas a los presupuestos. Las quejas del PSM se orientaron
también a las condiciones que impone el Gobierno para financiar las
carreteras. Para el PSM es «inaceptable» y representa una falta de
respeto a los ciudadanos que el Gobierno trate de imponer algunas
inversiones, como es el caso de las autopistas. «El Govern tiene
las competencias y, por tanto, plena soberanía a la hora de decidir
el modelo de carreteras que quiere para la Comunitat», señala el
PSM en un comunicado.
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