Por primera vez la Justicia española ha prohibido a un ciudadano
de Catalunya tener perro "de cualquier raza" durante los próximos
tres años, porque el animal de este individuo, un pit bull,
considerado peligroso, atacó gravemente a dos personas. Es, sin
duda, una decisión ejemplar que debería extenderse a muchos más
casos.
Los hechos ahora condenados por un tribunal barcelonés
ocurrieron cuando el perro iba por la calle sin bozal y sin cadena,
de idéntica manera a como lo hacen otros muchos en cualquiera de
nuestras calles y plazas, provocando el lógico temor entre los
ciudadanos y ninguna reacción por parte de las autoridades. Es un
asunto lamentable que colea desde hace ya varios años, cuando un
desgraciado suceso le costó la vida a un niño de cuatro años en Can
Picafort. La conmoción que provocó aquel ataque brutal se extendió
con rapidez por todo el país y fueron muchas las reacciones
indignadas que, a la postre, han presionado para que se apruebe la
ley actualmente vigente que exige una licencia municipal a los
propietarios de este tipo de animales y salir airoso de un test
psicológico que certifique que el perro peligroso no podría ser
utilizado por su dueño como un arma.
Es un avance, ciertamente, pero en este país estamos ya
demasiado acostumbrados a contemplar cómo las leyes se infringen
una y otra vez sin que se tomen medidas drásticas. A diario vemos
perros de estas razas consideradas peligrosas campando a sus anchas
por la calle, sin bozal "casi ninguno lo lleva" y muchas veces sin
cadena siquiera, ante la pasividad de sus dueños y el temor de los
transeúntes. Sería imposible denunciar cada caso. Ahí es donde
debemos exigir una presencia policial mucho más notoria y, en casos
como éste, inflexible.
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