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Más de dos millones de contribuyentes españoles se ahorrarán el pago del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) con la nueva reforma del Gobierno de José María Aznar. Es, qué duda cabe, una excelente noticia para los comerciantes y autónomos afectados, que dejarán de pagar por término medio 400 euros al año, con la loable intención de potenciar el empleo y la actividad económica. Sin embargo, en esta cuestión, como en casi todas, hay también sombras. Porque el impuesto ahora eliminado era cobrado y gestionado por los ayuntamientos, que verán mermada una de sus principales fuentes de financiación (de la que obtienen 1.300 millones de euros).

Desde el Gobierno se han apresurado a garantizar que los municipios tendrán financiación alternativa a través de otros impuestos estatales, pero esto sólo afectará a las capitales de provincia o ciudades de más de cien mil habitantes, lo que deja en la estacada a muchísimos pueblos eminentemente turísticos y comerciales, como son la mayoría en nuestra Comunitat.

Algunas voces ya han alertado de que los ayuntamientos, en vista de la desaparición de este impuesto, pueden verse abocados a crear nuevas tasas y a subir algunos gravámenes ya existentes, como puede ser el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), para compensar la pérdida. Una solución que no haría sino castigar a la ciudadanía en general, aumentando la presión fiscal y precisamente en una de las comunidades en las que las familias sufren más para llegar a fin de mes, especialmente desde que los precios de la vivienda se han disparado. Y es que, según la oposición, la suficiencia financiera de las corporaciones locales no está garantizada, ni mucho menos.