Los poderes públicos de Balears deberán arbitrar soluciones
realistas en relación al fenómeno de la inmigración. Este es uno de
los puntos que se incluyen en la declaración instuticional aprobada
ayer por el Parlament, y que fue suscrita por todos los grupos
políticos. Después de dedicar muchos minutos a analizar la
situación de la inmigración en Balears, todos los grupos
parlamentarios plantean ahora la necesidad de «facilitar la
integración armoniosa de los recién llegados a nuestra realidad
social, cultural y lingüística, garantizando en todo momento sus
legítimos derechos como ciudadanos y exigiendo el cumplimiento de
sus deberes como miembros que son de nuestra Comunitat a todos los
efectos».
La declaración institución estaba firmada, en representación de
sus respectivos grupos, por González Ortea, Andreu Crespí, Joan
Bosco Gomila, Miquel Ramón y Maria Antònia Munar. La declaración
plantea que la inmigración «es un fenómeno social que afecta al
conjunto de las sociedades occidentales avanzadas». «En última
instancia, responde a la aspiración irrenunciable de las personas
en buscar un futuro mejor y, en consecuencia, es un derecho de
todos los seres humanos, sin más limitaciones que las que fija la
legalidad vigente», señala el texto aprobado por la Cámara.
El Parlament entiende que Balears ha recibido durante los
últimos años «un importante flujo migratorio que, a diferencia de
otras comunidades, tiene un importante componente de ciudadanos
peninsulares y de otros países de la Unión Europea». «Este flujo
migratorio es el efecto y no la causa de nuestra dinámica
económica», subraya el documento ratificado por la Cámara balear.
El Parlament considera que las sociedades receptoras de
inmigrantes, como es el caso de Balears, tienen la obligación de
establecer mecanismos de integración reales, efectivos, respetuosos
con la diversidad cultural o religiosa y que permitan que los
inmigrantes puedan formar parte, de manera normalizada, de la
sociedad balear entendida como un cuerpo social abierto y plural.
Esta integración sólo puede hacerse, según los grupos
parlamentarios, «desde el respeto escrupuloso e irrenunciable al
marco normativo vigente y a los principios que inspiran nuestro
ordenamiento jurídico».
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