El jefe de la Demarcación de Costas de Balears, Fernando Garrido,
negó ayer que la modificación de la Ley de Costas, que
previsiblemente estará ultimada antes de que termine el año,
suponga un cambio sustancial en la Ley, sino que sólo se
introducirán «pequeños retoques» para aclarar aspectos confusos. En
ese sentido añadió que uno de los aspectos en los que se modifica
la ley es en el de la posibilidad de edificación en la zona de
servidumbre de protección marítimo terrestre, cuestión que antes se
recogía en el Reglamento de la Ley y con la reforma tendra rango de
ley, y se pretende aumentar el carácter restrictivo en la
edificación en esa zona.
«Hay que evitar que surjan nuevas fachadas de edificación a
menos de veinte metros de la zona de servidumbre marítimo
terrestre, porque aunque ése era el espíritu de la ley, quizás en
la redacción anterior no quedaba suficientemente claro», indica
Garrido. La modificación de la Ley de Costas obedece también a la
necesidad de adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la distribución competencial, que el Gobierno «acepta
íntegramente», afirma Garrido, la cual reconoce las competencias de
las comunidades autónomas, y también de Balears, en la ordenación
del litoral, y obliga a la Administración central a adaptarse a lo
que determinen los instrumentos de planificación del
territorio.
«El Gobierno central seguirá respetando esas competencias de las
comunidades en ordenación del litoral», afirma Garrido, y añade que
si en un lugar concreto los instrumentos de planificación del
territorio no han sido determinados, «entonces los trámites de
concesiones que realice Costas deben tener en cuenta los informes
de los ayuntamientos y la comunidad autónoma, porque es un
procedimiento reglado basado precisamente en los informes de las
comunidades autónomas y de los ayuntamientos».
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