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La Conselleria de Economia, Comerç i Indústria pondrá en marcha en 2003 un nuevo Servei de Defensa de la Competència, órgano consultivo que dependerá de la Dirección General de Economía que emitirá dictámenes para la concesión de licencias autonómicas solicitadas por grandes empresas comerciales, y controlará también posibles pactos en la política de precios tanto de compañías aéreas como de navieras, según explicó ayer el vicepresident del Govern, Pere Sampol, ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament balear.

Sampol afirmó que el Servei de Defensa de la Competència emitirá un informe preceptivo, que ayudará al conseller a aprobar o denegar la concesión de licencias de apertura solicitadas por grandes empresas comerciales, es decir, aquellas con más de 250 trabajadores o con una facturación anual superior a los 50 millones de euros, básicamente medianas cadenas de alimentación. El nuevo órgano evaluará si la implantación de nuevos establecimientos de este tipo pone en peligro la viabilidad de mercados municipales o del tejido comercial de la zona.

En caso de detectar prácticas de concertación de precios en cualquier sector económico, el Servei de Defensa de la Competència elevará un expediente, junto con una resolución, al Tribunal de Defensa de la Competencia, explicó Sampol. El vicepresident del Govern afirmó ante la comisión parlamentaria que «existen diferentes quejas por parte de diversos colectivos sobre la evolución de las tarifas de transporte interislas».

La vicepresidencia del Govern balear y Conselleria de Economia, Comerç i Indústria gestionará el próximo año un presupuesto de 32'3 millones de euros, lo que supone un aumento del 17'35 por ciento en comparación con el ejercicio actual. Uno de los objetivos en la Dirección General de Economía para el próximo ejercicio, informó el vicepresident del Govern, es la conversión del Institut Balear d'Estadística en un organismo autónomo, con la finalidad de unificar toda la información estadística que generen los diferentes departamentos del Govern balear y trasladarla a la ciudadanía.