El titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma
finalizó ayer las diligencias para determinar si prospera una
reclamación de 31'5 millones de euros de varios empresarios del
sector turístico de Balears en contra del BBVA. El juez dictará un
auto en los próximos días tras escuchar las versiones de las partes
enfrentadas. Los demandantes se habían dirigido al juzgado de Palma
para que dicte auto de ejecución de la sentencia de la Audiencia
Provincial, ratificada por el Tribunal Supremo, que condenaba al
BBVA por incumplimiento de contrato de alquiler de uno de los más
grandes complejos vacacionales de Mallorca, con 1.100 plazas
situadas en Peguera, en el municipio mallorquín de Calviá.
En 1991, Argentaria se adjudicó en subasta el complejo tras la
quiebra de su antiguo propietario, y se lo alquiló a Suntours y THB
Hoteles, al 50 por ciento, con una opción de compra, que según los
directivos de las empresas, «la entidad bancaria no respetó». Los
demandantes destacan que ni con Argentaria en su día, ni con el
BBVA tras su fusión con el BBV, ni con posterioridad a la sentencia
del Tribunal Supremo ha sido posible alcanzar un acuerdo
amistoso.
Por ello, se opusieron en su momento a la fusión de ambas
entidades bancarias haciendo uso de su condición de acreedores
hasta que no quedase debidamente garantizada la supuesta
responsabilidad de la deudora, que obtuvo para ello un aval del
Banco Santander Central Hispano. Durante la vista celebrada en el
Juzgado de Primera Instancia número 8 quedó patente la gran
disparidad de criterios de ambas partes en torno al asunto.
Mientras que los empresarios turísticos de Mallorca presentaron al
juez un informe pericial que cifra en 31.5 millones de euros el
importe de la indemnización que deben recibir, el BBVA lo reduce
80.000 euros (13 millones de pesetas).
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