En 1998 el Gobierno del Partido Popular aprobó una nueva ley del
suelo, que en la práctica casi lo liberalizaba, aduciendo un
argumento que el tiempo se ha encargado de mostrar como
absolutamente erróneo. Se pensó que con la salida masiva a la venta
de suelo urbanizable se podrían construir más pisos, controlándose
así el precio de la vivienda que en el fondo era el objetivo
perseguido. Los hechos se han encargado de probar que el criterio
del Gobierno de Aznar carecía de base sólida.
Se han construido, y vendido, más pisos que nunca y pese a este
incremento de la oferta, los precios por metro cuadrado han subido
el 53% desde 1998. Se trata, pues, de una ley que no sólo no
contribuyó a mejorar la situación "en el ejercicio de 1998 el valor
de las tasaciones de suelo urbano había sido incluso más bajo que
un año antes" sino que la empeoró. En España se están vendiendo hoy
más terrenos urbanos que nunca y, por añadidura, más caros, como
prueban los recientes informes del Banco de España.
Dejando de lado las frívolas interpretaciones presentadas por
distintos miembros del Gobierno, que apuntan que esa fiebre
especulativa traduce una bonanza económica, aquí hay que decir que
el más completo descontrol preside en este momento el mercado.
Hasta el punto que resulta en ocasiones muy difícil saber a qué
precio se vende exactamente el suelo, ya que no tiene limitación y
sus propietarios son muy libres de venderlo al mejor postor.
Polémicas aparte "el Gobierno anda enzarzado en discusiones con
ayuntamientos y comunidades autónomas" el Ejecutivo debería hacer
un esfuerzo para intentar controlar la situación, no añadiendo
nuevos errores al original de la aprobación de una ley que ha
desembocado en el actual estado de cosas.
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