Además de intentar mejorar las tensas relaciones entre los
ejecutivos central y autonómico y de tratar de resolver pequeños
conflictos de competencias, Antich tiene la intención de poner
sobre la mesa los informes sobre el REB para conseguir un
compromiso que desbloquee el desarrollo de esta norma, creada para
compensar las desventajas de la insularidad.
En la primera reunión con Javier Arenas desde que fue nombrado
ministro de Administraciones Públicas, Antich pedirá el incremento
del 33 al 50 por cien de los descuentos de viajes para los
residentes. El president volverá a reclamar la consideración como
servicio público del transporte interinsular y de las Islas con la
Península. También se exigirá la aplicación del convenio de
carreteras y se volverá a solicitar que el gasoducto se incluya en
el programa energético estatal para que se empiece a desarrollar a
partir del 1 de enero del año que viene.
El objetivo del Gobierno balear es que, en un primer momento,
las bonificaciones en el transporte de viajeros se incrementen en
un 50 por ciento para los residentes. Con todo, el Ejecutivo
considera que éste no es el mejor instrumento, dado que a largo
plazo los precios acabarán subiendo y se propone el mismo sistema
que impera en el transporte ferroviario. Este baremo se exigirá de
entrada para el transporte de mercancías.
En lo que concierne al convenio de carreteras, las discrepancias
entre los dos ejecutivos son a estas alturas muy importantes. El
Gobierno Antich pedirá a Arenas que el dinero que Madrid asignó a
Balears para proyectos de autopistas se destine a desdoblamientos
de carreteras, una propuesta que cuenta con la oposición del
ministro de Fomento, Francisco Àlvarez Cascos.
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