Lesmes no se desplazó a Palma expresamente para estudiar
alternativas para la Fiscalía insular, sino que participó en unas
jornadas sobre administraciones públicas, pero aprovechó el viaje
para estudiar futuros emplazamientos para el colectivo de fiscales.
Las mismas fuentes ministeriales aseguraron que todas las
propuestas son estudiadas por una comisión de expertos, entre los
que se encuentran arquitectos y técnicos, que valoran las
posibilidades de los edificios ya existentes que sean propiedad de
las administraciones para emplazar nuevos servicios.
«El objetivo es aprovechar la infraestructura existente a fin de
que pueda negociarse el traspaso de un ministerio a otro, o que
sean patrimonio del Estado, aunque quien tiene la última palabra en
las adjudicaciones es la Agencia Tributaria», explicaron desde
Madrid. Por su parte, fuentes del Ministerio de Defensa señalaron
que las conversaciones entre los ministerios para negociar los
traspaso de propiedades se realizan en Madrid. En el caso del
hospital militar, el responsable es la Gerencia de
Infraestructuras, un organismo autónomo de Defensa, que es el que
formaliza los acuerdos con otras administraciones.
Fuentes consultadas por este diario indicaron que no se descarta
que el hospital militar pueda ser compartido por la Fiscalía y por
la Consejería de Salud. Asimismo añadieron que es previsible que en
el momento en que se traspase la competencia de Justicia a la
Comunidad Autónoma la Fiscalía ya disponga de un edificio propio,
lo que supondrá eliminar una inversión a la hora de cuantificar la
dotación presupuestaria que tiene que acompañar esta
transferencia.
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