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JOSEP M. AGUILÓ/RUIZ COLLADO
El pleno municipal celebrado ayer en el Ajuntament de Palma aprobó, por unanimidad, cerrar en un plazo máximo de dos meses los rent a car que tienen un expediente abierto por tener sus coches en suelo rústico. Esta medida afectará a unas quince grandes empresas de alquiler de coches y a un total de unos 15.000 vehículos.

La propuesta originaria fue presentada por el PSIB-PSOE, que consensuó con el equipo de gobierno del PP la redacción final: «El Ajuntament de Palma acuerda que tomará las medidas necesarias para regularizar la situación de este sector respecto a las empresas de coches de alquiler que no dispongan de la preceptiva licencia municipal, adoptando las medidas previstas en la legislación vigente».

Según explicó el secretario del Consistorio, Agustí Estela, esto significa que en los próximos días dichas empresas recibirán una notificación del decreto firmado por el alcalde de Palma, Joan Fageda, en la que se les ordenará la inmediata suspensión de la actividad. A partir de ese momento dispondrán de dos meses para intentar regularizar su situación de ilegalidad.

En cualquier caso, cabe recordar que la actual legislación establece que la actividad en suelo rústico no es legal ni legalizable, por lo que todas las empresas que tengan un expediente abierto se verán obligadas al cierre y a restituir el espacio en el estado en que se encontraba antes de que depositasen sus vehículos allí.

A lo largo del desarrollo del debate sobre esta problemática, estuvieron presentes en el salón de plenos numerosos representantes de la Asociación de Empresarios de Vehículos de Alquiler de Balears (AEVAB), encabezados por su presidente, Ramón Reus, quien señaló que muchas de las alrededor de 250 pequeñas empresas de alquiler se encontraban en quiebra técnica por causa de las grandes empresas que no cumplían la legalidad. Reus exigió el cierre de estas últimas.

Durante el debate se produjeron momentos de gran tensión, y el alcalde tuvo que intervenir en diversos momentos para rebajarla. Antes de la votación, las dos intervenciones más significativas fueron las del teniente de alcalde de Urbanisme, Rafel Vidal, y la del edil de EU-EV Jordi López. Vidal señaló que lo fácil sería cerrar, «pero el problema va mucho más allá del cierre», dijo. El teniente de alcalde recordó que meses atrás había recibido un proyecto que proponía la creación de un gran polígono para poder depositar en él entre 20.000 y 25.000 vehículos.