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P. CANDIA/J.F. MESTRE
La Universitat de les Illes Balears (UIB) reunió ayer a su consejo de gobierno en sesión extraordinaria para abordar un tema monográfico: el «caso Brokerval». La institución acordó continuar «hasta el último momento» con el proceso negociador con los acreedores, a la espera de la resolución final del recurso de casación presentado por los letrados de la UIB ante el Tribunal Supremo.

La Universitat debe aportar 1.200.00 euros (unos 200 millones de pesetas) a la masa de la quiebra de Brokerval después de la decisión de dos instancias judiciales -juzgado de primera instancia y Audiencia de Palma- de adelantar un año la fecha de la quiebra de la ex agencia de valores (del 30 de julio de 1994 al 30 de junio de 1993).

Contra ambas resoluciones, la UIB ha recurrido en casación, a la espera de que el lunes empiece el juicio penal en la Sección Primera de la Audiencia de Palma. La sociedad Classic Vision, precisamente, exige a la UIB que aporte esa cantidad para pactar su conformidad en el juicio. La institución ya ha avalado la fianza civil por ese importe que un juez le exigía al ex gerente de la UIB, Lluís Pinya, por su responsabilidad en la trama económica descubierta en la agencia Brokerval.

El juez Miquel Florit decidió que si Pinya no podía hacer frente a esta cantidad con su patrimonio personal, subsidiariamente debía ser la UIB quien cubriera esta fianza. Lluís Pinya compartía el cargo de gerente de la UIB con el de miembro del consejo de administración de Brokerval. En esta agencia de valores invirtió 1.200.000 euros (unos 200 millones de pesetas de la UIB, destinados a letras del tesoro.