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P. CANDIA/J.F. MESTRE
Las partes personadas en el «caso Brokerval» y el fiscal Joan Carrau llegaron ayer a un principio de acuerdo para evitar la celebración del juicio, cuyo inicio está previsto para mañana en el Sección Primera de la Audiencia de Palma, contra los acusados en el mayor escándalo económico de Balears. La única excepción en ese consenso es Franciso Berga, cuyo letrado rechazó la nueva calificación penal porque no le permitiría eludir la cárcel.

Durante algo más de una hora, los abogados analizaron ayer con el fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) el nuevo escrito del Ministerio Público, que quedará abierto hasta mañana mismo, poco antes de que empiece el juicio. Las partes y el fiscal evitaron ser explícitos sobre el acuerdo «para que la Sala no se entere por la prensa del pacto», según admitió ayer uno de los letrados. El fiscal acusa a los principales directivos de la ex agencia de valores, que presentó un expediente de quiebra en 1994, poco después de ser intervenida por la policía, de los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento oficial.

Aunque en un principio solicitaba penas de hasta 16 años de cárcel para Berga, y los otros dos máximos responsables de Brokerval, Francisco Tous y Guillem Coll, el fiscal está dispuesto a reducir a seis años la petición a cambio de que los tres acusados se declaren culpables. Aunque la pena queda atenuada, no basta para impedir que Berga, por ejemplo, vaya a prisión, por ello sus letrados rechazaron la conformidad.

Contra los otros acusados, Jaime Lerín, Fernando Mulet, Miguel Seguí y Miquel Alonso, el fiscal pide penas de prisión inferiores a los dos años en concepto de presuntos autores de un delito de encubridor. El representante del Ministerio Fiscal cifra en unos 4'20 millones de euros el dinero que perdieron los clientes mallorquines que habían invertido sus ahorros en la ex agencia de valores.

Los directivos de Brokerval se dedicaron a invertir el dinero de sus clientes en una serie de arriesgadas operaciones, según el escrito del fiscal. De esta forma se engañó a los inversionistas, que descubrieron que sus ahorros se habían destinado a una serie de valores que ellos no habían autorizado. El escándalo Brokerval estalló a finales del mes de junio de 1994 con la denuncia que presentaron tres miembros del consejo de administración de la agencia. El juez Pere Barceló, en primera instancia, ordenó la intervención judicial de la empresa.