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Maria Antònia Munar se remontó muy atrás en el tiempo, hasta el siglo XVIII, para recordar cómo con el Decreto de Nueva Planta de Felipe V Mallorca perdió su soberanía, una soberanía recuperada en cierto modo gracias a la Ley de Consells. Ciertamente, los consells insulars han asumido un protagonismo político hasta ahora desconocido para diseñar sus propias políticas en función de las necesidades y peculiaridades de cada isla.

El actual modelo de gobierno insular ha sido una realidad gracias a Unió Mallorquina y a su privilegiada posición en el Pacte de Progrés. UM ha logrado para los consells unas competencias que difícilmente se hubiesen transferido en otras circunstancias. Pero ha valido la pena. Se ha aproximado la Administración a los ciudadanos de cada isla en la gestión de asuntos muy específicos como carreteras, residuos sólidos, servicios sociales y ordenación del territorio. En cambio, otras competencias, por su propia naturaleza y complejidad, como educación y sanidad, siguen en manos del Govern. No se nos escapa que este proceso de cambios provoca algunas confusiones. Pero no cabe duda de que las dificultades pueden ser superadas si se establece un lógico y funcional reparto de papeles entre las distintas administraciones: la autonómica, la insular y la municipal.

En esta línea de mayor protagonismo de los consells, que ya no actúan como simples corporaciones locales, hay que inscribir el debate de política general de Mallorca celebrado el pasado lunes. A semejanza del debate sobre el estado de la Comunitat, se pudo escuchar la intervención de la presidenta Munar y de los distintos portavoces en los turnos de réplica y contrarréplica. Fue un debate realmente necesario para analizar lo que se ha hecho. Como era previsible, no coincidieron oposición y equipo de gobierno en la valoración de lo sucedido, pero el solo hecho de que se produjera el debate es muy positivo.