Maria Antònia Munar se remontó muy atrás en el tiempo, hasta el
siglo XVIII, para recordar cómo con el Decreto de Nueva Planta de
Felipe V Mallorca perdió su soberanía, una soberanía recuperada en
cierto modo gracias a la Ley de Consells. Ciertamente, los consells
insulars han asumido un protagonismo político hasta ahora
desconocido para diseñar sus propias políticas en función de las
necesidades y peculiaridades de cada isla.
El actual modelo de gobierno insular ha sido una realidad
gracias a Unió Mallorquina y a su privilegiada posición en el Pacte
de Progrés. UM ha logrado para los consells unas competencias que
difícilmente se hubiesen transferido en otras circunstancias. Pero
ha valido la pena. Se ha aproximado la Administración a los
ciudadanos de cada isla en la gestión de asuntos muy específicos
como carreteras, residuos sólidos, servicios sociales y ordenación
del territorio. En cambio, otras competencias, por su propia
naturaleza y complejidad, como educación y sanidad, siguen en manos
del Govern. No se nos escapa que este proceso de cambios provoca
algunas confusiones. Pero no cabe duda de que las dificultades
pueden ser superadas si se establece un lógico y funcional reparto
de papeles entre las distintas administraciones: la autonómica, la
insular y la municipal.
En esta línea de mayor protagonismo de los consells, que ya no
actúan como simples corporaciones locales, hay que inscribir el
debate de política general de Mallorca celebrado el pasado lunes. A
semejanza del debate sobre el estado de la Comunitat, se pudo
escuchar la intervención de la presidenta Munar y de los distintos
portavoces en los turnos de réplica y contrarréplica. Fue un debate
realmente necesario para analizar lo que se ha hecho. Como era
previsible, no coincidieron oposición y equipo de gobierno en la
valoración de lo sucedido, pero el solo hecho de que se produjera
el debate es muy positivo.
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