El conseller d'Ordenació del Territori del Consell de Mallorca,
Josep Melià, anunció ayer que la institución insular presentará un
recurso de casación ante el Tribunal Supremo para garantizar que no
se edifiquen las 76 urbanizaciones protegidas por el Consell
durante la anterior legislatura. El Consell se ha visto obligado a
presentar este recurso después de que el Tribunal Superior de
Justicia de Balears (TSJB) haya dictado una sentencia en la que da
la razón a los promotores de dos de estas urbanizaciones: la
Marina, en Campos y Cala Volantina, en Pollença.
El tribunal considera que el Consell no tenía competencias para
cambiar la clasificación del suelo de estos terrenos, que eran
urbanizables y pasaron a ser rústicos en una decisión tomada por la
institución insular justo antes de las elecciones de 1999. Se trata
de las dos primeras sentencias referidas a la desclasificación de
los terrenos.
Sin embargo, no son las primeras sentencias sobre esta decisión
del Consell ya que en marzo de 2001, el TSJB anuló la moratoria
previa a la desclasificación. Desde marzo hasta ahora, han sido
innumerables las sentencias que consideraban nula de pleno derecho
la moratoria. El conseller d'Ordenació del Territori del Consell
opinó que no hay que alarmarse por esta decisiones judiciales ya
que, en estos momentos, es materialmente imposible que se inicien
las obras a pesar de que los terrenos vuelvan a tener la
consideración de urbanizables.
Melià explicó que sobre todas estas urbanizaciones pese en estos
momentos la nueva moratoria aprobada por el Consell en el año 2000,
por lo que en ningún caso se podrá aprobar el proyecto de
urbanización. Melià explicó además que parte de los terrenos de
estas 76 urbanizaciones fueron desclasificados por tarde por las
Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) aprobadas por el
Govern de Jaume Matas, por lo que es materialmente imposible que
pueden edificarse. Este es el caso de Cala Volantina, en Pollença,
una de las urbanizaciones a cuyos promotores ha dado ahora la razón
el TSJB.
En cualquier caso, el conseller garantizó que no se urbanizará
ninguna de las que ahora queden anuladas por los tribunales ya que,
las que no fueron protegidas por las DOT, serán de nuevo
desclasificadas a través del Plan Territorial Insular (PTI), que en
estos momentos tramita el departamento de Ordenació del Territori
de Mallorca. «Todas las urbanizaciones que puedan recobrar vida
quedarán protegidas por el PTI», garantizó Josep Melià.
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