La consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, utilizó un
informe realizado en Zaragoza para avalar jurídicamente la
aprobación del proyecto de Ley de Biodiversidad. La diputada del PP
María Salom denunció ayer que Rosselló pidió un informe a favor de
la Ley de Biodiversidad a Fernando López Ramón, catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Se da la
circunstancia de que Fernando López es el presidente de la
Fundación Ecología y Desarrollo en Aragón. «¿No había ningún
jurista capacitado en la Universitat balear para realizar el
informe que pedía la consellera Rosselló?», planteó Salom.
Además, el PP sostiene que Rosselló llevó al Consell de Govern
su proyecto de ley sin haber solventado parte de las deficiencias
que detectaron los informes jurídicos realizados por los distintos
departamentos del Ejecutivo autonómico. En uno de los informes
difundidos por Salom, la Conselleria d'Obres Públiques advierte que
la Ley de Biodiversidad pretendía invadir competencias urbanísticas
de los consells y ayuntamientos.
En otro informe, realizado por la Conselleria de Turisme, se
notificaba a la consellera Rosselló que la prohibición de realizar
fiestas al aire libre en cualquier zona «no tiene ninguna lógica».
Turisme proponía limitar el concepto de «fiesta al aire libre». La
Conselleria d'Agricultura acusaba a Medi Ambient de pretender, a
través de la Ley de Biodiversidad, atribuir unas funciones que
correspondían a otras consellerías.
María Salom tildó el proyecto de Rosselló de ser «una chapuza
intervencionista», que no cuenta con ningún informe favorable
realizado en Balears. De hecho, los partidos dePacte han presentado
más de 140 enmiendas al proyecto estrella de Rosselló, quien tardó
más de dos años en poder presentar un documento ante el Consell de
Govern que fuese aceptado por todos sus socios dePacte.
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