El secretario de Estado para la Energía, José Folgado, replicó ayer
las acusaciones del Ejecutivo autonómico contra el Gobierno central
por la «discriminación» que sufrirá Balears a partir del 1 de enero
de 2003 al liberalizarse el mercado eléctrico en la Península,
mientras que las comunidades extrapeninsulares no tendrán acceso a
la diversidad de tarifas.
El Govern incidió en el retraso que sufre el decreto de
extrapeninsulares, que debe igualar las condiciones con la
Península. Folgado explicó que el citado decreto está consensuado y
a punto de aprobarse, «trámite que sólo está a la espera de la
conformidad por escrito de las comunidades extrapeninsulares. Esta
conformidad ya nos ha sido comunicada verbalmente, pero necesitamos
su traslación escrita. El decreto estará aprobado en 2003».
El secretario de Estado indicó que, por ley, las comunidades
extrapeninsulares continuarán sometidas a la tarifa igualitaria
fijada por el Gobierno para todo el Estado, pero «no podremos
evitar que en la Península surja un comercializador de energía
eléctrica que ofrezca un precio inferior. Será complicado, por su
condición de mercado insular, que en Balears pueda aparecer un
comercializador que ofrezca electricidad a un precio inferior al de
GESA-ENDESA».
Así, para José Folgado, la única forma de que Balears entre en
el mercado liberalizado de la energía eléctrica, con acceso a
ofertas de precios y servicios diversificados, «es a través del
cable con la Península, pues así las Islas se integrarían no sólo
en la red peninsular, sino en la europea. Entonces, incluida en
esos mercados mayores, Balears podría participar de las ventajas de
la liberalización en igualdad de condiciones de precios y
servicios».
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