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El PP estudiará la posibilidad de impugnar la aprobación de la moratoria de puertos deportivos antes la duda de que el Govern aprobara esta norma cautelar una vez transcurrido el plazo de seis meses que marca la Ley de Ordenación del Territorio en su artículo 17.2. El presidente del Grup Parlamentari Popular, Joan Flaquer, aseguró que su partido quiere analizar la tramitación que ha seguido la aprobación de la moratoria para determinar si el Govern incumplió los plazos y, por lo tanto, la norma No está en vigor.

El diputado popular consideró «gravísimo» que el Ejecutivo cometa este tipo de errores y añadió que, con estas actuaciones, el Govern de Francesc Antich está incidiendo todavía más en la inseguridad jurídica que existe desde que el Pacte de Progrés accedió al Consolat de la Mar. «Este asunto se puede impugnar claramente porque es una inseguridad jurídica sobre otra», dijo Flaquer.

El diputado incidió en este línea al asegurar que el problema con los puertos deportivos se suma a la situación de indefensión creada con las sucesivas moratorias urbanísticas, alguna de ellas anulada por los tribunales, como la que afecta a las 76 urbanizaciones, y a diversas medidas territoriales emprendidas por el Pacte.

Pero, además, Flaquer afirmó que es inadmisible que fallos de forma como el cometido con los puertos deportivos se cometan cuando el Govern tiene un gran número de asesores para evitar que estas cosas sucedan. Al hilo de esta reflexión, Flaquer se preguntó qué hace el secretario de Organización del PSIB y asesor de Presidència, Damià Cánoves, «que cobra del Govern pero no evita que haya estos fallos». En su opinión, Cánoves cobra del Govern «para insultar al PP, meterse con Matas y trabajar en el PSIB».