El Consell Consultiu ha emitido un informe en el que no autoriza al
Govern a aprobar mediante un decreto legislativo la nueva ley de
finanzas de la Comunitat, un refundido de la que ya existe con la
incorporación de las sucesivas modificaciones que se han ido
añadiendo desde que se aprobó en el año 1986.
La aprobación de esta ley requería un trámite legislativo
específico, ya que se trataba de una simple refundición de todos
los artículos dispersos que se han ido añadiendo al texto a través
de otras leyes, como la de acompañamiento a los presupuestos. Por
este procedimiento especial, en lugar de presentar un nuevo texto a
la aprobación del Consell de Govern, el Parlament facultó a la
Conselleria d'Hisenda a que elaborara el nuevo texto para que se
aprobara automáticamente por el Ejecutivo, sin necesidad de
remitirla de nuevo a la Cámara legislativa.
El Govern tenía de plazo hasta el pasado 31 de octubre para la
aprobación de este decreto legislativo, pero no envió el documento
al Consell Consultiu hasta el 29 de ese mismo mes para emitiera el
dictamen.
Dado que el órgano asesor tiene un mes de plazo para emitir su
dictamen, optó por no dar la autorización al Ejecutivo para que lo
enviara la ley al Consell de Govern. El Consell Consultiu argumentó
que era imposible respetar el plazo legal concedido por el
Parlament para la elaboración de la ley. En este caso, al tratarse
de un dictamen sobre un procedimiento legislativo especial, el
informe del Consell Consultiu es no sólo preceptivo sino además
vinculante.
A la hora de emitir su informe, el órgano asesor del Govern no
atendió la petición realizada por la Conselleria d'Hisenda para que
el mes de plazo de que dispone el Consell para redactar el informe
no computara en el plazo concedido por el Parlament para la
elaboración de la ley.
En esta tesitura, el Consell de Govern no tiene la autorización
del Consell Consultiu para aprobar el nuevo texto de la ley de
finanzas. Si aún así opta por aprobarlo y algún afectado impugna la
resolución del Ejecutivo, la ley pasará a tener la consideración de
simple reglamento.
Por esta razón, la Conselleria d'Hisenda ha preferido esperar y
estudia la posibilidad de solicitar al Parlament que habilite un
nuevo periodo para la compilación de la nueva ley de finanzas de la
Comunitat. El secretario general técnico de la Conselleria, Lluís
Llinàs, aseguró que la ley sigue en vigor en todos sus artículos ya
que el único propósito de la nueva ley de finanzas era incorporar
en un sólo texto todas las modificaciones y añadidos que ha sufrido
desde que fue aprobada en 1996.
En cualquier caso, Llinàs aseguró además que la desautorización
del Consell Consultiu no tiene efectos prácticos ya que la ley de
finanzas es de consumo interno en la Conselleria. «Es una ley
puramente técnica, de funcionamiento interno de la Conselleria»,
explicó el secretario general técnico de Hisenda.
Con respecto al informe negativo del órgano asesor, el alto
cargo de la Conselleria no entró en valoraciones, pero sí matizó
que la interpretación que han hecho los miembros del Consell
Consultiu sobre los plazos no coincide con los informes jurídicos
de que dispone la Conselleria que dirige Joan Mesquida. También
señaló que el informe del Consell Consultiu entra en el fondo del
asunto cuando, en teoría, no era pertinente si es cierto que se
habían pasado los plazos.
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