La polémica ponencia «Relaciones entre los parlamentos autonómicos
y el Poder Judicial» dividió ayer a los presidentes de parlamentos
autonómicos reunidos en Palma y obligó a retocar alguna de las
conclusiones iniciales que proponía la ponencia. En su lugar se
optó por una solución genérica que deja en cada una de las cámaras
legislativas la decisión soberana en caso de que se produzca algún
conflicto.
La ponencia, elaborada por el presidente canario José Miguel
Bravo de Laguna (PP), no se ceñía exclusivamente a la decisión del
juez Garzón de exigir la disolución del Grupo Parlamentario de
Batasuna en los parlamentos vasco y navarro. También mencionaba
conflictos entre el poder legislativa y el judicial en las cámaras
de Asturias y Castilla-León.
Sin embargo, las diferencias entre los presidentes de
parlamentos vinieron debido a la diferente solución al problema que
plantearon los parlamentos vasco y navarro. Mientras el primero
hizo caso omiso de la exigencia judicial, el segundo sí disolvió el
grupo Batasuna y reintegró a sus componentes en el Grupo Mixto.
El presidente navarro, José Luis Castejón (PSOE), aseguró ayer
que la decisión del juez Garzón no suponía una injerencia en la
soberanía parlamentaria ya que fue la propia Junta de Portavoces
del Parlamento la que tomó la decisión de disolver el Grupo.
Castejón recordó además la obligación constitucional de los
parlamentos de hacer caso a los autos judiciales.
Esta postura no fue compartido ni por el ponente ni por los
presidentes balear y vasco, Maximilià Morales y Juan María Atutxa,
respectivamente. Para el primero de ellos, la decisión del juez de
pedir la disolución del grupo fue una clara injerencia del poder
judicial en el legislativo. Morales recordó que el propio fiscal
general del Estado dio la razón al Parlamento vasco y consideró que
es esencial mantener la separación de poderes y que legislativo y
judicial no interfieran.
Para Juan María Atutxa, la decisión del juez Garzón cometió un
«error» porque mezcló una medida cautelar hacia un partido
político, en esta caso Batasuna, con un grupo parlamentario, que
está separado de una formación política. Para Atutxa, el rechazo de
su cámara legislativa a aplicar el auto de Garzón fue una defensa
«de la independencia y la capacidad autoorganizativa que tiene la
institución parlamentaria». Morales también se refirió a la
decisión del fiscal general del Estado de respaldar el acuerdo del
Parlamento vasco.
Atutxa aseguró que la ponencia del presidente de Canarias era
razonable y consideró que «en buena lógica» debe entenderse la
separación que existe entre una formación política y un grupo
parlamentario. «No podemos dejar que se entre en nuestras
instituciones aterrizando en competencias que no son propias al
Poder Judicial», señaló.
El ponente, José Miguel Bravo de Laguna, consideró que debe ser
una decisión de la Mesa del Parlamento la de suspender a un grupo
de la Cámara. A la vista de los problemas suscitados, anunció que
propondrá en el Parlamento canario que la ilegalización de un
partido acarree directamente la disolución del grupo.
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