El titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma ha
desestimado un recurso presentado por la sindicatura de la quiebra
de la compañía aérea European Region Transport System SA (ERA) en
contra de ocho accionistas de la empresa, a quienes reclamaba
820.000 euros (unos 137 millones de pesetas).
La quiebra de ERA exigía a Saburdi S.L. 5 millones de pesetas; a
José Manuel Sánchez de la Loma (15); Saski Basconia SAD (15);
Tuboplast Hispania S.A. (25); Celaya Emperanza y Galdos S.A. (25);
Hotel San Diego S.A. (10); H.N. Medica S.L. (15), defendida por el
abogado Jaime Rodríguez Vinyals; Miguel José Company (15); Talleres
Orfe S.L. (12). Todo ello por un supuesto incumplimiento del
desembolso efectivo de los importes del capital ampliado el 12 de
agosto de 1999. El juez señala en la sentencia que la aportación
realizada por José Company Salaverría «cumple los requisitos
temporales establecidos en el artículo 132 del Reglamento del
Registro Mercantil», mientras el resto, «si bien se constata que
existe un desfase entre el ingreso de aquellas cantidades en la
cuenta de la sociedad, ello no implica que dichas aportaciones no
tuvieran por objeto el desembolso, anticipado del capital
ampliado». La compañía ERA, en cuyo accionariado participaban las
sociedades de capital mallorquín Rustic Consulting Promociones y
Proyectos Aeronáuticos Baleares SA, inició su andadura a principios
de 1999 con dos aviones reactores Embraer 145. Su capital social
ascendía a 300 millones de pesetas y en su accionariado también
participaba capital vasco. ERA nació con el deseo de establecer
rutas con todos los aeropuertos españoles, entre ellos Son Sant
Joan, y para ello sus directivos habían establecido acuerdos con el
Govern que entonces presidía Jaume Matas, aunque éstos no llegaron
a cristalizar. Los empresarios de Mallorca que poseían el 70% del
capital social de ERA vendieron esa participación accionarial en el
año 2000.
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