El Gobierno empieza a abonar la paga mensual de cien euros
prometida a las madres trabajadoras con hijos menores de tres años.
Como ya dijimos al anunciarse la medida, a buen seguro que las
mujeres afectadas recibirán con alegría esta pequeña ayuda, aunque,
sin duda, no resolverá ninguno de los problemas a los que se
enfrentan quienes deciden tener hijos y continuar con su vida
laboral y doméstica.
Y a la postre, esos cien euros irán a parar a las guarderías
-que cuestan el doble, aproximadamente- o a las personas que cuidan
niños a domicilio, que también tienen un coste muy superior.
Por eso la decisión de ayudar a estas madres debe acogerse con
espíritu positivo, porque cualquier avance, por pequeño que sea,
que beneficie la maternidad en estos tiempos que corren debe ser
bienvenido. Pero sin caer en la tentación de creer que se ha
resuelto el problemático asunto del crecimiento demográfico en
España.
Porque en nuestro país las dificultades para conciliar vida
familiar y laboral siguen siendo enormes. Y lo son mucho más cuando
se decide tener el segundo o el tercer hijo, porque las
infraestructuras públicas son casi inexistentes y las privadas
resultan caras para la mayoría. Sólo quienes cuentan con una amplia
y entregada red familiar de apoyos pueden permitirse tomar esa
decisión.
Pese a todo, están quienes prefieren sacrificar su vida laboral
para dedicarse a crear una familia con todas las dificultades que
ello implica, especialmente económicas. A esas mujeres que ceden su
puesto de trabajo a otros para tener hijos y criarlos, y a aquéllas
que no encuentran trabajo, se las ha dejado fuera de la ayuda del
Gobierno. Una injusticia que debería explicarse y repararse de
inmediato.
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