Los promotores proponen intervenir parte del suelo para reducir el precio de la vivienda

«Los proyectos de planes territoriales o insulares no agotan el 10 por ciento de crecimiento urbanístico que prevén las DOT en 10 años, sino que sólo permiten un aumento del 3 por ciento más un 2 por ciento para esponjamiento turístico. Nosotros proponemos que se permita la construcción en este 5 por ciento de suelo restante, que quedaría semiintervenido y facilitaría la construcción de 2.000 viviendas anuales a precios asequibles para el mercado local», explicó Gabriel Oliver.

Los promotores plantean la constitución de una sociedad mixta que estaría integrada por las diferentes Administraciones Públicas del Archipiélago (Govern, Consells y Ayuntamientos), junto con los propios empresarios y las entidades financieras. Un organismo con la capacidad de promover, calificar y gestionar dicho suelo, que sacaría al mercado mediante concurso público y lo adjudicaría a aquellos promotores que presentaran las «ofertas más adecuadas». Los empresarios aceptarían incluso que el precio de cada vivienda quedase fijado previamente: «La administración podría ofrecer o adjudicar las viviendas a quien considerara más oportuno», afirmó Oliver.

La patronal de los promotores afirma que esta medida posibilitaría la construcción de 2.000 viviendas a precios asequibles para al mercado balear, al tiempo que «atemperaría el precio del resto de suelo, dado que los especuladores tendrían más dificultades para vender», afirmó el presidente de los promotores.

Oliver apuntó que con esta medida no se superaría el crecimiento urbanístico del 10 por ciento en diez años previstos por las Directrices de Ordenación del Territorio, mientras que primaría la construcción de las zonas envolventes de los actuales núcleos urbanos, tal y como prevén las DOT. La Asociación de Promotores ha trasladado su propuesta a PSIB, PP y UM.

Los promotores calculan que con esta iniciativa podría reducirse el precio del suelo que actualmente supone 6 millones de pesetas por vivienda hasta 1'5 millones por vivienda, lo que además se traduciría en una rebaja fiscal en los gravámenes fijos sobre el precio final, caso por ejemplo del IVA o actos documentales.

Gabriel Oliver manifestó, no obstante, que ninguna medida servirá por ella sola para abaratar la vivienda en Balears, por lo que consideró que ésta debería de ir acompañada de las rebajas fiscales municipales que la asociación ya solicitó a los ayuntamientos de las Islas, que podrían generar una bajada adicional del 4 por ciento en el precio final de la vivienda. La Asociación de Promotores reiteró su rechazo al establecimiento de un número de licencias de obras anuales por cada ayuntamiento, como prevé la ley de cupos, y apostó por establecer etapas en los planeamientos urbanísticos. Los empresarios también expresaron su rechazo a la ley de biodiversidad.