La economía española, como la del conjunto de Europa, no está
atravesando su mejor momento precisamente y el Gobierno ha decidido
llevar a cabo una reforma del IRPF para intentar que los ciudadanos
dispongan de algo más de efectivo a fin de mes con la esperanza de
que lo destinen al consumo. Es una vieja maniobra que suele
funcionar para reactivar la economía cuando ésta decae por la razón
que sea.
Según las previsiones oficiales, 17 millones de trabajadores y
pensionistas comprobarán en unos días cómo su nómina sube en unos
cuantos euros gracias a esta rebaja de impuestos directos, que ha
sido posible por la política de saneamiento de las cuentas públicas
emprendida por el Ejecutivo.
Pese a lo positivo que una medida como ésta puede suponer para
el común de los trabajadores y pensionistas, que verán aumentar su
poder adquisitivo, aunque sea levemente, desde el sindicato
Comisiones Obreras se ve la decisión como una «engañifa» meramente
electoral, porque la política económica del Gobierno durante los
últimos ejercicios no ha conseguido más que destruir empleo estable
y precarizar las condiciones del mercado laboral.
Lo cierto es que, por los motivos que sean, las cuentas no
cuadran para la mayoría y es una situación que se ve agravada por
la situación prebélica, que ha disparado el precio del petróleo -lo
que hace presagiar subidas de impuestos indirectos y de algunos
precios relacionados con el transporte y la energía-, y la
aparición de nuevos escándalos financieros -que vuelven a hundir
las bolsas-, con la consiguiente preocupación para el ahorrador
medio. Un panorama que, ciertamente, no se resolverá con una única
medida, por muy favorable que sea.
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